Las autoridades francesas decretaron toques de queda parciales en París, Lille y Lyon para frenar los disturbios, saqueos e incendios que sacudieron al país durante el fin de semana. Las restricciones, anunciadas este lunes 19 de octubre, buscan proteger los comercios y restablecer el orden público, después de que el presidente Emmanuel Macron calificara los hechos como una expresión de «violencia desenfrenada».
En París, los habitantes de las zonas más
afectadas, entre ellas la plaza de la República y el sector comercial de Les Halles,
no podrán circular por las calles entre las 23:00 de este lunes y las 06:00 del
martes. La prefectura de policía también prohibió las manifestaciones nocturnas
en determinados sectores donde se registraron enfrentamientos con las fuerzas
de seguridad.
Los disturbios alcanzaron su punto más grave
el sábado 17 de octubre, cuando manifestantes encapuchados atacaron cientos de
establecimientos comerciales y provocaron incendios en distintas ciudades. En
Limoges, en el centro del país, las llamas destruyeron el ayuntamiento. Los
incidentes continuaron, aunque con menor intensidad, durante la noche del
domingo.
El balance oficial asciende a cerca de 2.400
personas detenidas y casi 1.000 policías y gendarmes heridos durante los
enfrentamientos. Las autoridades consideran que se trata de uno de los
episodios de violencia urbana más graves registrados en Francia en los últimos
años.
La crisis comenzó en el marco de una
multitudinaria protesta contra el encarecimiento del costo de la vida,
convocada a través de las redes sociales y vinculada al movimiento de los
chalecos amarillos, que protagonizó importantes movilizaciones durante el
primer mandato de Macron, entre 2018 y 2019. Las protestas estudiantiles
también contribuyeron a ampliar las manifestaciones.
El presidente reconoció deficiencias en la
preparación de los operativos policiales y pidió investigar los fallos de
anticipación e inteligencia que facilitaron los disturbios. Sin embargo,
rechazó la renuncia presentada el domingo por el ministro del Interior, Laurent
Nuñez, quien asumió la responsabilidad política por lo ocurrido.
Nuñez explicó que presentó su dimisión porque
se consideraba responsable de los acontecimientos, pero Macron decidió
mantenerlo en el cargo para garantizar la continuidad del mando de las fuerzas
del orden. El mandatario le ordenó adoptar nuevas medidas operativas para
combatir a los responsables de los saqueos y asegurar la transparencia en la
investigación sobre la actuación policial.
El ministro admitió que el despliegue de efectivos
resultó insuficiente en algunos lugares frente a la cantidad de manifestantes.
Según explicó, las previsiones oficiales subestimaron considerablemente la
participación en las protestas, lo que dificultó la respuesta de las fuerzas de
seguridad y permitió que los disturbios se extendieran.
Las críticas también llegaron desde
autoridades locales y sectores de la oposición, que cuestionaron la gestión
policial. Entre los alcaldes que expresaron preocupación figuran los de París,
Marsella y Limoges, esta última ciudad afectada por el incendio de su sede
municipal.
Por su parte, el primer ministro Sébastien
Lecornu afirmó que el Gobierno trabajará para proteger las elecciones
presidenciales previstas para 2027. Citando evaluaciones de los servicios de
inteligencia, advirtió sobre la posibilidad de que grupos de extrema izquierda
intenten aprovechar la movilización social para cuestionar el calendario
electoral.
Macron sostuvo que quienes atacaron las
instituciones republicanas deberán responder ante la justicia. El Ejecutivo
atribuyó parte de la violencia a grupos de extrema izquierda y a delincuentes,
mientras las autoridades intensifican la búsqueda de los responsables de los
incendios, los ataques a establecimientos y los enfrentamientos con la policía.
Con los toques de queda y el refuerzo de las medidas de seguridad, el Gobierno intenta contener la crisis y evitar nuevos episodios de violencia. Al mismo tiempo, la admisión de fallos policiales y la magnitud de los daños mantienen bajo presión a Macron, cuyo Ejecutivo enfrenta el desafío de recuperar el control de las calles y responder al malestar social por el costo de la vida.
