Más de 20 países prohibieron o propusieron restringir el acceso de menores a las redes sociales desde que Australia implantó, en diciembre de 2025, una prohibición para usuarios menores de 16 años. Sin embargo, los primeros datos disponibles en ese país muestran que las restricciones tienen dificultades para cumplirse: el 61% de los adolescentes afectados continúa utilizando al menos una plataforma restringida, según un sondeo de la Molly Rose Foundation.
La medida australiana impulsó iniciativas
legislativas en países como Francia, Grecia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos.
Las propuestas varían según la edad mínima, los requisitos de autorización
parental y los mecanismos de verificación, pero comparten una preocupación
central: reducir los riesgos que las redes sociales pueden representar para la
salud mental y el bienestar de niños y adolescentes.
Un sondeo realizado en marzo de 2026 a 1.050
australianos de entre 12 y 15 años reveló que el 61% de quienes tenían cuentas
en plataformas restringidas seguía accediendo a por lo menos una de ellas.
Entre los menores que consiguieron eludir las limitaciones, el 70% afirmó que
hacerlo había sido fácil, lo que evidencia las dificultades para garantizar el
cumplimiento de la normativa.
Los adolescentes recurren a distintos métodos
para sortear los controles, como introducir fechas de nacimiento falsas,
utilizar cuentas de otras personas o recurrir a redes privadas virtuales (VPN).
También pueden intentar engañar a los sistemas de verificación de edad mediante
fotografías o herramientas de reconocimiento facial, lo que plantea dudas sobre
la capacidad de las plataformas para hacer cumplir las prohibiciones.
Un informe del organismo australiano de
seguridad digital eSafety, publicado en marzo, señaló que se habían desactivado
alrededor de 4,7 millones de cuentas. Sin embargo, muchos menores seguían
utilizando redes sociales, en parte porque las plataformas todavía no les
habían solicitado verificar su edad. Los datos muestran que cerrar cuentas no
garantiza necesariamente que los adolescentes abandonen estos servicios.
El debate se desarrolla en medio de una
creciente preocupación internacional por la salud mental juvenil. Un estudio
publicado en 2026 en el Canadian Medical Association Journal, dirigido por
investigadores de la Universidad de Ottawa, concluyó que los jóvenes
canadienses de entre 14 y 20 años tienen un 104% más de probabilidades de
padecer una enfermedad mental grave que personas de la misma edad hace cinco
décadas.
A esta tendencia se suman investigaciones
anteriores sobre ansiedad y depresión. Un metaanálisis publicado en 2021 en JAMA
Pediatrics, que examinó 29 estudios con 80.879 participantes, estimó que el
20,5% de los jóvenes presentaba síntomas elevados de ansiedad y el 25,2%
manifestaba síntomas elevados de depresión. Los investigadores advirtieron que
la crisis tiene múltiples causas, entre ellas los efectos de la pandemia, el
aislamiento y los cambios en los hábitos sociales.
El psicólogo social Jonathan Haidt contribuyó
a impulsar el debate con su libro The Anxious Generation, publicado en 2024. Su
argumento sostiene que el uso intensivo de las redes sociales puede afectar el
desarrollo de niños y adolescentes mediante la pérdida de sueño, la comparación
social, la fragmentación de la atención, la soledad y los comportamientos
compulsivos. No obstante, la relación entre estas plataformas y los problemas
de salud mental continúa siendo objeto de investigación.
Ari Lightman, profesor de medios digitales y
marketing de la Universidad Carnegie Mellon, cuestionó la eficacia de las
prohibiciones generales en un análisis publicado en The Conversation. A su
juicio, no está demostrado que impedir el acceso a las redes sociales sea la
solución más efectiva a los problemas psicológicos de los jóvenes. También
advirtió que estas plataformas ofrecen beneficios, como mantener vínculos de
amistad, crear comunidades, expresarse y participar en actividades cívicas.
En Estados Unidos, la presión judicial sobre
las empresas tecnológicas también aumentó. Meta, matriz de Facebook e
Instagram, y YouTube enfrentaron litigios relacionados con el diseño de sus
plataformas y sus posibles efectos sobre los menores. En marzo de 2026, un
jurado de Los Ángeles declaró responsables a ambas compañías en un caso por
daños relacionados con el uso compulsivo de sus servicios y ordenó una
indemnización de seis millones de dólares a una joven.
Las restricciones también abrieron una
discusión sobre la privacidad. Los sistemas de verificación de edad pueden
exigir información personal, fotografías u otros datos sensibles. Además,
algunos legisladores británicos debaten cómo impedir que los adolescentes
utilicen VPN para evitar los controles, aunque una regulación excesiva de estas
herramientas podría afectar también a usuarios adultos y a personas que las
emplean por motivos legítimos de seguridad.
Frente a las prohibiciones totales, Lightman
propone establecer estándares de seguridad obligatorios para las plataformas,
con cuentas privadas por defecto, límites a los mecanismos de diseño que
fomentan el uso compulsivo y controles más estrictos sobre los algoritmos
dirigidos a menores. También plantea fortalecer la educación digital, promover
espacios cotidianos sin pantallas y facilitar el acceso a servicios de salud
mental.
La experiencia australiana muestra que una prohibición legal no garantiza que los menores dejen de utilizar las redes sociales. Aunque los gobiernos buscan responder a riesgos reales, los primeros resultados todavía no permiten concluir que los vetos mejoren la salud mental juvenil. El desafío consiste en combinar controles eficaces, protección de la privacidad, participación de las familias y educación digital para reducir los daños sin ignorar los beneficios que también ofrece la vida en línea.
