La instructiva de la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia para revisar las detenciones preventivas en el país llegó solo al 1,03% de los más de 18.400 privados de libertad con detención preventiva, reveló el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
De acuerdo con los datos, el uso excesivo de la detención preventiva constituye uno de los principales factores que originan la sobrepoblación en los centros penitenciarios que actualmente llega al 105% a escala nacional, con 33.058 personas privadas de libertad a julio de este año.
“Asumiendo lo que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (Romer Saucedo) hace un par de semanas ha mencionado, en sentido de que habrían procedido a realizar 200 revisiones de detenciones preventivas, incluso en ese caso resulta que se trata de un 1,03% del universo de personas privadas de libertad en detención preventiva”, afirmó Callisaya.
El 22 de agosto, el presidente del TSJ emitió el Instructivo Nº 18/2025 y ordenó a los tribunales departamentales revisar de inmediato las medidas de detención preventiva de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, lo que provocó protestas de los privados de libertad.
Días después, el 25 de agosto, el TSJ emitió un nuevo el Instructivo N° 19/2025, mediante el cual ordenó la organización de jornadas nacionales de verificación de plazos de detenciones preventivas en todos los recintos carcelarios de Bolivia.
De acuerdo con datos del Defensor del Pueblo, el penal de San Pablo de Quillacollo, que tiene una capacidad para 110 privados de libertad, a la fecha cuenta con 674 internos, lo cual representa un hacinamiento del 513%. Similar situación se da en el Penal de San Sebastián que con una capacidad para 250 personas, actualmente alberga 1.115, teniendo un 346% de hacinamiento.
Otros penales que están en la misma situación son Palmasola en Santa Cruz, con un hacinamiento del 205% y el de San Pedro de Oruro con un 243%.
