Gendarmería de Chile trasladó a 687 presos de alta peligrosidad desde Santiago hasta la cárcel de alta seguridad La Laguna, en Talca, en un operativo que el Gobierno presentó como un golpe contra el crimen organizado y que provocó una fuerte disputa política con la oposición.
Entre los reclusos trasladados se encuentran al menos nueve líderes de organizaciones criminales, vinculados a bandas como el Tren de Aragua y la mafia albanesa. El operativo, denominado “Operación Cancerbero”, fue ejecutado con apoyo de Carabineros y la Policía de Investigaciones.
El traslado fue transmitido en vivo por las autoridades y seguido por el presidente José Antonio Kast, quien calificó la operación como un hecho “histórico” y sostuvo que recuperar el control de las cárceles es una condición indispensable para mejorar la seguridad del país.
La operación incluyó un amplio despliegue policial y de Gendarmería, además de helicópteros de vigilancia. La transmisión oficial incluso incorporó música de Metallica, un elemento que posteriormente alimentó las críticas de sectores opositores que cuestionaron el carácter mediático del operativo.
Kast defendió las nuevas medidas aplicadas en La Laguna y señaló que los presos de mayor peligrosidad deberán utilizar uniforme, no podrán recibir encomiendas y tendrán visitas mediante locutorios. El mandatario sostuvo que el Estado debe recuperar plenamente el control de los establecimientos penitenciarios.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, reforzó esa posición al afirmar que los cabecillas criminales no pueden utilizar las cárceles como centros de operaciones. Según el funcionario, las nuevas condiciones buscan impedir que los líderes de organizaciones delictivas continúen impartiendo órdenes desde sus celdas.
La cárcel La Laguna, inaugurada en 2025 durante el Gobierno del expresidente Gabriel Boric, dispone de 14 módulos de reclusión, ocupa una superficie superior a 63.500 metros cuadrados y tiene capacidad para 2.320 internos.
El establecimiento cuenta además con un régimen especial de segregación y vigilancia y un sistema de bloqueo de señal telefónica, diseñado para impedir que los presos puedan mantener comunicaciones con el exterior y utilizar el recinto como base para actividades criminales.
La medida se produce en un contexto de creciente presión sobre el sistema penitenciario chileno. El país tiene cerca de 65.000 personas privadas de libertad, mientras su infraestructura carcelaria dispone de unas 42.000 plazas, una diferencia que dificulta la adecuada separación de los internos según su nivel de peligrosidad.
Un informe citado en el debate público señala además que al menos 600 bandas criminales operan desde las cárceles, una situación que ha convertido el control penitenciario en uno de los principales desafíos de seguridad para las autoridades chilenas.
La oposición, sin embargo, cuestionó la decisión de transmitir el operativo en directo y acusó al Gobierno de convertir una medida de seguridad en una estrategia de comunicación política. El senador Diego Ibáñez, del Frente Amplio, calificó la operación como una “performance bukeliana” y sostuvo que Chile no es El Salvador.
El senador socialista Juan Luis Castro también cuestionó la puesta en escena y afirmó que el operativo buscó mostrar un dominio carcelario similar al aplicado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Además, criticó que autoridades locales y vecinos de Talca no hubieran sido informados previamente sobre el despliegue.
La polémica deja así dos lecturas enfrentadas: mientras el Gobierno presenta el traslado masivo como una demostración de fuerza del Estado frente al crimen organizado, la oposición cuestiona su componente mediático. En el centro del debate queda el desafío de convertir el control de las cárceles en una política permanente de seguridad y no únicamente en un espectáculo político.
