La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes la excarcelación de 131 presos políticos, en el marco de la aplicación de la Ley de Amnistía aprobada en febrero y pocos días después del primer encuentro formal entre representantes del chavismo y un sector de la oposición.
El anuncio fue realizado por el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, que atribuyó las decisiones a los tribunales venezolanos luego de solicitudes presentadas por el Ministerio Público. La medida constituye uno de los principales movimientos de liberación registrados desde la entrada en vigencia de la amnistía.
La excarcelación no significa en todos los casos libertad plena. Algunas de las personas beneficiadas podrán abandonar las cárceles bajo medidas alternativas al encarcelamiento y restricciones judiciales, por lo que sus procesos no necesariamente quedan anulados.
La Ley de Amnistía permite revisar causas iniciadas desde 1999 y modificar las condiciones de personas procesadas o condenadas por hechos vinculados con la prolongada confrontación política venezolana.
Entre los beneficiarios se encuentra Emirlendris Benítez, uno de los casos de persecución política que mayor repercusión internacional alcanzó. Benítez fue detenida en agosto de 2018, cuando tenía cuatro meses de embarazo, tras ser vinculada con el atentado con drones ocurrido durante un acto militar en Caracas en el que participaba Nicolás Maduro.
La justicia venezolana la condenó a 30 años de prisión por delitos que incluían terrorismo, traición a la patria y homicidio calificado en grado de frustración. Sus abogados y organizaciones de derechos humanos rechazaron las acusaciones y denunciaron graves irregularidades durante el proceso.
Durante su encarcelamiento, Benítez denunció haber sufrido torturas que le provocaron graves daños físicos. Perdió su embarazo y quedó con problemas de movilidad, además de dolores crónicos y otras lesiones que sus defensores atribuyeron a los abusos sufridos bajo custodia.
Su caso llegó a organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a su favor en 2020, mientras que en 2022 el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria pidió su liberación inmediata al considerar injustificada su privación de libertad.
La salida de Benítez se produjo junto con la de otras cinco mujeres. El Foro Penal confirmó inicialmente 17 excarcelaciones durante la jornada y señaló que el proceso continuaba, por lo que pidió esperar información verificada antes de establecer una cifra definitiva.
El anuncio se conoció después de la primera ronda de negociaciones entre el chavismo y un sector de la oposición, en la que participaron representantes vinculados a la búsqueda de acuerdos sobre la situación política e institucional del país. Entre los temas abordados figura también la situación de los presos políticos.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos valoraron las liberaciones, pero advirtieron que una excarcelación bajo medidas cautelares no equivale al reconocimiento de inocencia. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos destacó especialmente el caso de Benítez y sostuvo que aún quedan personas detenidas por razones políticas.
La excarcelación de los 131 presos representa un avance dentro de la aplicación de la amnistía y una señal de distensión tras el inicio del diálogo político. Sin embargo, la continuidad de las restricciones judiciales y la permanencia de otros detenidos serán factores clave para determinar si el proceso se traduce en una liberación más amplia de presos políticos en Venezuela.
