
Está en marcha un giro en la política de tierras. Este lunes Mónica Justiniano Cabrera asumió como nueva directora regional en Santa Cruz del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
Casi de inmediato se reactivó la Comisión Agraria Departamental (CAD), luego de casi 20 años de estar inactiva en los gobierno del MAS. Entonces el INRA, cuyo director funge como secretario de la comisión, saboteó esta instancia encargada del tema tierras y que es presidida por el gobernador, según las normas. "Ahora el desafío es que podamos trabajar las políticas agrarias en esta comisión, de cara a lo que el país y Santa Cruz necesita", destacó el viceministro de Tierras, Hormando Vaca Díez.
Una de las primeras determinaciones es la realización de auditorías a todos los procesos de dotaciones y saneamiento de tierras en las gestiones del MAS. Aquellas que fueron distribuidas irregularmente deben ser revertidas, anticipó el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
Agregó que esta semana continuará, en coordinación con la Policía, el plan para recuperar los predios avasallados. Añadió que por estrategia no darán detalles de los lugares que serán intervenidos con la ayuda de la fuerza pública.
El viernes pasado, Vaca Díez señaló que durante los gobiernos del MAS el INRA proporcionó información a los avasalladores y protegió a las mafias que se dedican al tráfico de tierras.
“Si bien se avanzó en el saneamiento, el proceso agrario se distorsionó por la manipulación institucional del partido de gobierno, del MAS, que utilizó el INRA con fines eminentemente políticos y, lo peor, instrumentalizó el saneamiento para viabilizar la ocupación arbitraria de tierras fiscales”, señaló la nueva directora del INRA, una abogada cruceña con 20 años de trayectoria en el derecho agrario, quien confirmó la realización de auditorías, además de verificar en qué condiciones está la institución.
“Avanzaremos hacia la consolidación del catastro rural para garantizar la seguridad jurídica, involucrando a los municipios en este proceso como la ley lo establece. Coordinaremos nuestro trabajo con las autoridades departamentales y actores productivos para la eficacia de nuestra labor y para recuperar la confianza en nuestra institución”, agregó Justiniano.