El conductor de micro que causó la muerte del universitario Sebastián Vespa Montero, de 21 años, ya contaba con antecedentes por atropello. Se trata de Hugo Fernando J. M., de 52 años, quien en 2024 había protagonizado un hecho similar, según consta en el cuadernillo de investigaciones del caso 343/2024.
Según los registros oficiales, el 25 de julio de 2024 el acusado atropelló a Ana Patricia Ávalos Díaz, de 53 años, en el barrio Libertad, cuando conducía un micro de la línea 64. Pese a este antecedente, el chofer continuó prestando servicio en el transporte público. La mujer falleció unos meses después.
Este martes, la historia volvió a repetirse pero con un desenlace fatal, ya que el micrero embistió al joven universitario cuando éste cruzaba la avenida Melchor Pinto, golpeándolo con el costado izquierdo del vehículo, lo que provocó su muerte de manera instantánea.
El director de Tránsito, Enrique Arequipa, informó que el caso fue tipificado inicialmente como atropello a peatón seguido de muerte. Según el reporte preliminar, imágenes de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos señalan que el microbús realizó un rebase a otro vehículo de transporte público, invadiendo el carril contrario, maniobra que derivó en el atropello.
Este viernes será la audiencia cautelar
La audiencia cautelar del conductor del micro fue fijada para este viernes a las 8:30 en el Juzgado 15 de la zona de Los Lotes. La tía de la víctima, Claudia Vespa, expresó su temor de que el chofer salga en libertad y reciba solo una pena mínima de hasta tres años, sin cumplir detención en un centro penitenciario, además del pago de una fianza de 20.000 bolivianos.
El Ministerio Público imputó al conductor por el delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, por lo que según la ley vigente corresponde la aplicación de medidas sustitutivas, bajo el argumento de una salida alternativa del proceso.
El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores, informó que se evidenció un antecedente del conductor, el cual será presentado ante el juez para que, en base al principio de reincidencia, se pueda modificar la solicitud de medidas sustitutivas.
“Este tipo de hechos, cuando el conductor está sobrio, tiene una sanción de uno a tres años de prisión. Es una situación que debe analizarse desde una iniciativa legislativa para modificar, si corresponde, el quantum de la pena”, señaló Zeballos.
Añadió que el Ministerio Público cumple la ley como garante de los derechos fundamentales, pero que también resaltará el peligro de reincidencia para solicitar, de ser necesario, la detención preventiva del chofer de micro.
