Un juez de La Guardia emitió este martes órdenes de aprehensión contra cuatro de los cinco magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional para que se presenten a una audiencia de acción popular en su contra.
Los mandamientos de apremio fueron emitidos contra Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, Rene Yvan Espada Navia, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo y Karem Gallardo. Las órdenes llevan la firma de Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, juez público mixto, civil, comercial, de familia e instrucción penal 1º. de La Guardia.
La decisión se tomó para que sean “conducidos ante el módulo policial de la Guardia y luego ser puesto a disposición del suscrito juzgador a objeto de resolver la presente acción popular”, según la resolución judicial.
Este martes, una Sala Constitucional de Potosí también resolvió el cese inmediato de los cinco magistrados prorrogados del TCP, que se les corte de inmediato sus salarios y que se los escolte para que abandonen sus oficinas, además de que realicen el resarcimiento económico.
El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, anunció que los cinco magistrados prorrogados del TCP serán citados a declarar en el marco de la investigación abierta por la Fiscalía de Sucre por presunto abuso de poder y acoso político.
Más temprano, de manera sorpresiva se conoció el Auto Constitucional 0087/2025-O mediante el cual los propios prorrogados determinaban el fin de sus mandatos en un plazo de 10 días hábiles. La resolución abarca a cinco magistrados del TCP y dos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
En su dictamen defendieron que la prórroga durante casi dos años fue constitucional ya que en diciembre de 2023, cuando culminaba su mandato de seis años no existían condiciones para que el legislativo encare un proceso transparente de preselección de los candidatos a sucederlos en sus cargos.
“¡Se van! Fueron el peor agravio al orden democrático, a la Constitución y a la celebración del Bicentenario. Su salida por la puerta trasera con auto reconocimientos no limpia ni justifica su atropello”, fustigó el expresidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez Veltzé, quien también ocupó el máximo cargo en la extinta Corte Suprema de Justicia.
Políticas de diversos frentes con presencia en el parlamento coinciden que la salida de los prorrogados no los exime de responsabilidades y presuntos delitos cometidos durante la extensión de sus mandatos.
