Se aceleró el cambio de rumbo en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Paola Verónica Prudencio Candia fue designada este martes como nueva presidenta de la institución en una reunión de sala plena realizada por los cuatro magistrados electos el 15 de diciembre del 2024 y que asumieron sus cargos en enero de este año. “Se ha restablecido la legalidad e institucionalidad en el Tribunal Constitucional. El tiempo de la autoprórroga ha concluido”, destacó Prudencio en su discurso. Agregó que el TCP ya no será un órgano de persecución y recuperará su rol verdadero de administrar justicia sin presiones.
“Venimos a sanear la casa de la justicia constitucional”, añadió Prudencio al pedir a la ciudadanía que renueve su fe en las instituciones y en los cuatro magistrados electos, que cuentan con la legitimidad del voto en las urnas. “La justicia desde hoy vuelve a ser libre”, puntualizó.
“Sabemos que en los últimos tiempos, una sombra de incertidumbre, desconfianza y zozobra se ha posado sobre esta institución. Hemos sido testigos de una de las páginas más oscuras en la historia de nuestra justicia. El intento de perpetuarse en el poder más allá del mandato que ustedes, el pueblo soberano, ha otorgado en las urnas. Esa anomalía, esa ruptura del pacto social, termina hoy”, añadió la magistrada electa por el departamento de Oruro, al acusar a los prorrogados de intentar gobernar el TCP con mandatos fenecidos emitiendo resoluciones para beneficiarse ellos mismos y amedrentar a los electos.
Además anunció varias medidas entre ellas la conformación de salas y la comisión de admisión, la transmisión pública del sorteo de expedientes, reglamento para el funcionamiento de la Sala Plena, reducción de la carga procesal y el retiro de las vallas de seguridad que restringían los accesos al edificio del TCP en Sucre, entre otros.
Más temprano, mediante un fallo emitido por los propios prorrogados, determinaron el cese de sus funciones en un plazo de 10 días hábiles desde que sean notificados los mismos. Sin embargo, una Sala Constitucional de Potosí ordenó su despido inmediato, que se les corte el salario y que sean escoltados para salir del edificio del TCP. Adicionalmente un juez del municipio de La Guardia (Santa Cruz) emitió órdenes de aprehensión contra cuatro de los cinco prorrogados del TCP: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, Rene Yvan Espada Navia, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo y Karem Gallardo. El impulsor del recurso judicial anticipó que pedirá que también sea incluida en la lista la magistrada prorrogada Isidora Jiménez Castro.
