En medio de crecientes presiones de distintos sectores políticos y judiciales, los cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) determinaron el cese de sus mandatos prorrogados por casi dos años, que se hará efectivo en 10 días hábiles a partir de la notificación.
Así lo establecen en un Auto Constitucional 0087/2025-O emitido el lunes 24 de noviembre. En el punto 1 de dicha resolución establecen la finalización de la prórroga de los magistrados del TCP Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yván Espada Navia, Isidora Jiménez Castro, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo y Karem Lorena Gallardo Sejas, además de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Ricardo Torres Echalar y Carlos Alberto Egüez Añez. El fallo lleva la firma de Hurtado, Espada y Jiménez.
En sus argumentaciones, los prorrogados justifican la extensión de sus mandatos arguyendo que entonces no había ninguna posibilidad de llevar adelante un proceso transparente y meritocrático de preselección de las máximas autoridades del Órgano Judicial y del TCP, debido a las múltiples de denuncias de irregularidades en la etapa a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
Agregan que ahora el escenario es distinto, ya que la nueva ALP, que asumió funciones oficialmente el 8 de noviembre pasado, se encuentra en posibilidad legal y constitucional de consensuar y realizar el proceso de preselección que cumpla con parámetros de legalidad y seguridad jurídica.
Los magistrados que se aprestan a dejar sus cargos insiste en que la prórroga fue constitucional y permitió la reversión de un fallo del anterior TCP que determinaba que la reelección indefinida era un derecho humano, asunto que causó conflictividad social.
Agregaron que gracias a un acuerdo del TCP con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se garantizó la realización de las pasadas elecciones generales sin presiones políticas poniendo freno a más de 16 acciones que pretendían paralizar dichos comicios.
La decisión de los prorrogados de irse a sus casas ocurre días después de que la Fiscalía de Sucre abrió una investigación en la vía ordinaria para investigar una presunta maniobra para seguir extendiendo sus mandatos. Este mismo martes en una Sala Constitucional de Potosí se realizaba una audiencia para analizar un recurso presentado por una ciudadana que buscaba también el cese inmediato de los prorrogados y su desalojo del edificio de la institución en Sucre.
