Ante la creciente crisis energética, la Cámara de Diputados dio luz verde a la importación directa de combustibles por parte del sector privado. La decisión, plasmada en la Ley 328/2024-2025, busca aliviar la falta de diésel y gasolina que afecta al transporte, la producción agrícola y la distribución de alimentos en todo el país.
La nueva norma fue aprobada tras un tenso debate parlamentario que se extendió más de cinco horas. De los legisladores presentes, 49 votaron a favor, 37 en contra y dos se abstuvieron. El texto establece que el permiso para importar tendrá una duración limitada de 90 días y podrá ser solicitado por empresas o particulares que cuenten con infraestructura y logística adecuadas.
El Comité pro Santa Cruz, principal impulsor de la iniciativa, calificó la medida como un paso histórico hacia la liberación parcial del mercado energético. Según la ley, las estaciones de servicio podrán abastecerse de combustible importado o gestionarlo directamente desde frontera, con autorización de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que deberá emitir las licencias en un plazo máximo de 48 horas.
El régimen transitorio también contempla beneficios tributarios. Durante los tres meses de vigencia, los importadores estarán exentos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a la Transferencia (IT). En paralelo, se establecen controles para evitar que el combustible subvencionado sea revendido como importado, con sanciones que incluyen multas equivalentes al valor del cargamento y suspensión de licencias.
Pese a la aprobación de la ley, el panorama sigue siendo crítico. En Santa Cruz, decenas de cisternas permanecen estacionadas en los alrededores de la refinería Palmasola, a la espera de que YPFB cancele los pagos pendientes para descargar su carga. Los transportistas mantienen sus protestas, mientras los cañeros advierten que el atraso en la entrega de diésel pone en riesgo el cierre de la zafra 2025.
El secretario general de la Confederación de Cañeros de Bolivia, Beltrán Flores, alertó que más de 5.000 productores están paralizados. “Si no llega el diésel, no podremos terminar la cosecha. La lluvia se acerca y eso puede arruinar el trabajo de todo el año”, afirmó. El sector reclama además una deuda de Bs 300 millones por el etanol entregado a la petrolera estatal.
Desde el Gobierno, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, aseguró que se priorizará la distribución al sector agropecuario. No obstante, reconoció que hasta la fecha solo se entregó el 23% del diésel comprometido para la siembra de verano. “Nuestra instrucción es que el campo no se detenga y que el país tenga alimentos el próximo año”, declaró.
Según estimaciones de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), el agro cruceño requiere más de 100 millones de litros de diésel para encarar la campaña de verano. Los productores confían en que la apertura temporal a la importación privada alivie la crisis, aunque temen que la medida llegue demasiado tarde para evitar pérdidas millonarias en la producción y el transporte nacional.
