Un contingente policial ingresó este viernes por la tarde al predio Patujú, que había sido invadido desde el 27 de septiembre y donde horas antes de hoy se habían vivido episodios de violencia. Reportes de medios señalaron que tras la entrada de los uniformados, además de un numeroso grupo de vecinos, los avasalladores empezaron a escapar del lugar.
Aún no había reportes oficiales sobre arrestados o aprehendidos durante la intervención.
Los vecinos empezaron entonces a derribar las carpas que habían instalado los invasores. Antes del ingreso de la Policía, el gobernador Luis Fernando Camacho llegó hasta el predio invadido y fijó una postura firme de no moverse “hasta que la Policía” haga su trabajo de retirar a los avasalladores.
Luego del ingreso de la Policía, Camacho anunció que se retiraría del lugar y consideró lo sucedido como una victoria del pueblo montereño y un mensaje para aquellos que se dedican a las tomas ilegales de que no se permitirán más acciones de este tipo.
“Tras un operativo efectuado de forma oportuna y eficaz por la Policía Boliviana con el desplazamiento de más de 500 efectivos y el trabajo del Servicio Aéreo Policial, se ha logrado liberar a los personas retenidas y restaurar el orden en el predio Patujú del municipio de Montero”, informó el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, en sus redes sociales.
Los cívicos y autoridades de Montero integraron también la comitiva, pero fueron obligados a retirarse tras que ataque violento de los invasores. El alcalde de Montero. Durante los momentos de tensión salió herido el alcalde de Montero, Regys Medina.
El gobernador Camacho lo visitó en la clínica hasta donde fue trasladado por precaución y confirmó que se encuentra en buen estado, pero se recupera de un piedrazo que impactó en su clavícula y lo derribó.
El gobernador también visitó al dueño del predio que, según imágenes difundidas, tenía heridas en la cabeza y señales de haber sido maniatado. Añadió que otros seis trabajadores del lugar resultaron heridos.
Esta nueva toma violenta generó el repudio de diversas instituciones de Santa Cruz y sobre todo del sector cañero, a la que pertenece el dueño del predio ya recuperado. El mensaje es claro, pedirle al gobierno, Policía y Fiscalía que pongan mano dura y no se permitan más los avasallamientos.
Unas 200 personas, con los rostros cubiertos, integraban el grupo de avasalladores, portaban palos, piedras, cohetes y otro tipo de objetos. Una trabajadora denunció que incluso la amenazaron de muerte si intentaba volver al lugar.
