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CIJ declara a Myanmar responsable de genocidio contra los rohinyás

El histórico fallo, aprobado por nueve votos contra seis, responsabiliza por primera vez a un Estado de genocidio en los 80 años de historia del máximo tribunal de la ONU.

Internacional | Agencia | 2026-11-19 21:09:44

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró este jueves que Myanmar es responsable de cometer genocidio contra la minoría musulmana rohinyá en el estado de Rakáin, en una sentencia histórica que constituye la primera condena de este tipo contra un Estado en los 80 años de existencia del principal órgano judicial de Naciones Unidas.

El fallo fue aprobado por nueve votos contra seis y determinó que las fuerzas de seguridad birmanas cometieron actos de genocidio durante las operaciones militares de 2017. Además, el tribunal estableció que el Estado incumplió su obligación de prevenir y castigar esos crímenes, aunque descartó, por 14 votos contra uno, que las autoridades hubieran incitado públicamente al genocidio.

La sentencia, leída por el presidente del tribunal, el japonés Yuji Iwasawa, establece que el Ejército y otros organismos estatales cometieron asesinatos, provocaron graves daños físicos y mentales e impusieron medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro de la comunidad rohinyá, conductas contempladas en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

Los jueces examinaron testimonios de sobrevivientes, pruebas gráficas, imágenes satelitales e informes de investigadores internacionales que documentaron la destrucción de poblaciones enteras, ejecuciones de hombres y niños y violaciones de mujeres y niñas. Según las pruebas presentadas, cerca de 400 aldeas fueron destruidas parcial o totalmente durante las operaciones militares.

El tribunal estimó que alrededor de 10.000 rohinyás fueron asesinados durante la campaña de violencia, mientras que unos 700.000 tuvieron que escapar hacia Bangladesh. Actualmente, más de un millón de integrantes de esta comunidad permanecen desplazados, principalmente en campos de refugiados, después de décadas de persecución y discriminación en Myanmar.

Como consecuencia de la sentencia, la CIJ ordenó al Estado adoptar medidas para impedir nuevas violaciones de la Convención sobre el Genocidio, investigar a todas las personas sospechosas de participar en los crímenes y procesarlas cuando corresponda. También dispuso garantizar el retorno seguro, voluntario y digno de los refugiados, facilitar la reunificación familiar e indemnizar a las víctimas por los daños sufridos.

Myanmar deberá presentar en un plazo de dos años un informe sobre las medidas adoptadas y las modalidades de reparación económica. La resolución es definitiva y vinculante para las partes, por lo que no admite apelación. Sin embargo, la CIJ no tiene facultades para encarcelar directamente a los responsables individuales ni dispone de un mecanismo propio para ejecutar sus decisiones.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, celebró la resolución y la calificó como un poderoso reconocimiento a las víctimas. Sostuvo que poner fin a la impunidad y garantizar la rendición de cuentas son condiciones fundamentales para la reconciliación nacional. Human Rights Watch también destacó que el fallo representa un reconocimiento largamente esperado del sufrimiento de la población rohinyá.

La decisión también tiene consecuencias para la imagen de Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz de 1991, quien encabezaba el Gobierno birmano cuando ocurrieron la mayoría de los ataques. Aunque tenía un control limitado sobre las Fuerzas Armadas, Suu Kyi asumió personalmente la defensa jurídica inicial de Myanmar ante la CIJ y cuestionó las denuncias internacionales sobre la violencia militar. Posteriormente fue derrocada y encarcelada tras el golpe de Estado de febrero de 2021.

El caso fue presentado por Gambia en noviembre de 2019, en representación de los compromisos internacionales contra el genocidio. La demanda buscaba establecer la responsabilidad del Estado birmano por las operaciones militares contra los rohinyás, una minoría musulmana a la que las leyes de Myanmar niegan la ciudadanía, situación que la ha convertido en una de las comunidades apátridas más numerosas del mundo.

La investigación también tuvo una participación latinoamericana. El fiscal federal argentino Guillermo Marijuan impulsó una causa por jurisdicción universal para determinar las responsabilidades penales individuales de los mandos militares y autoridades birmanas. En 2024 solicitó órdenes de captura internacional y en febrero de 2025 la justicia argentina dispuso la detención de 25 imputados. Marijuan destacó que la sentencia de La Haya refuerza el trabajo de investigación, aunque aclaró que ambos procedimientos juzgan responsabilidades diferentes.

El fiscal argentino explicó que las pruebas más contundentes surgieron de la coincidencia entre testimonios de sobrevivientes, imágenes satelitales, informes de Naciones Unidas y declaraciones de un exmilitar que desertó. También señaló que la persecución contra los rohinyás no comenzó en 2017, sino que fue el resultado de décadas de restricciones a sus derechos, negación de ciudadanía y políticas destinadas a limitar su reproducción y presencia en el país.

La sentencia representa un avance histórico para la justicia internacional y un reconocimiento jurídico a una población que lleva décadas sufriendo persecución, violencia y desplazamiento. Sin embargo, su cumplimiento dependerá de la cooperación de las autoridades birmanas y de la presión internacional, especialmente porque los principales mandos militares señalados por los crímenes continúan ejerciendo el poder en el país.