Bolivia enfrenta un escenario de riesgos ambientales asociado a los efectos del fenómeno del “Súper” Niño 2026-2027, la deforestación y la creciente vulnerabilidad de sus ecosistemas según el director de Conservación Internacional, Eduardo Forno.
En declaraciones a ERBOL, el especialista advierte que las lluvias intensas podrían provocar inundaciones en la Amazonía y los valles, mientras que las condiciones de sequía en el oriente y el sur del país elevan la preocupación por la propagación de incendios forestales.
Frente a esos riesgos, plantea la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y recuperar las capacidades institucionales para anticiparse a los desastres, en lugar de concentrar los esfuerzos cuando las emergencias ya han adquirido grandes dimensiones.
Al referirse a los posibles efectos del “Súper” Niño en el altiplano, Forno recuerda el impacto del fenómeno registrado en 1983. “Tuvimos un fenómeno del Niño brutal, que causó, yo creo, el efecto más grande de pobreza en el altiplano boliviano”, señala, al advertir que podrían presentarse condiciones similares.
Sin embargo, considera que la sociedad boliviana tiene hoy mayores posibilidades de afrontar una crisis de esa naturaleza. “La sociedad boliviana es mucho más resiliente ahora que el 83”, afirma. Atribuye esa capacidad a una economía más diversificada y a una sociedad menos pobre que entonces, aunque reconoce que persisten profundas dificultades sociales.
La deforestación agrava los riesgos de inundaciones
En la Amazonía y los valles, Forno identifica un escenario más impredecible, debido a la posibilidad de lluvias intensas en las zonas cordilleranas orientadas hacia la región amazónica. Estas precipitaciones podrían generar inundaciones y desastres en territorios cada vez más expuestos por la pérdida de cobertura vegetal.
“Porque la cobertura vegetal no es la que teníamos en el pasado y el agua va a arrastrar lo que encuentre a su paso”, explica.
Desde esa perspectiva, la protección de los bosques y las cuencas no constituye solamente una medida de conservación ambiental, sino también una estrategia para proteger a las poblaciones y las actividades productivas ubicadas aguas abajo.
Forno advierte, además, sobre la magnitud de la deforestación en Bolivia y sus causas estructurales. En su análisis, los incentivos económicos que favorecen la destrucción de los bosques, la falta de transparencia y las debilidades institucionales contribuyen a perpetuar el problema.
“Somos el segundo país en el mundo con más deforestación después de Brasil, per cápita de lejos el primero en bosques tropicales”, sostiene.
La prevención puede reducir los incendios
En el sur de Bolivia, particularmente en Roboré, el sur de la Chiquitania y el Chaco, existe la posibilidad de que vuelvan a registrarse incendios de gran magnitud porque, según Forno, las zonas afectadas anteriormente por el fuego mantienen materia seca que puede favorecer nuevos focos durante los periodos de sequía.
La experiencia de 2023, cuando un frente de fuego avanzó por el norte de la Chiquitania, ilustra las dificultades para controlar incendios que adquieren una escala extraordinaria.
“Una vez que el fuego avanza poco se puede hacer”, advierte, al destacar que las principales pérdidas recaen sobre los productores, los animales y los ecosistemas que proporcionan agua.
Frente a ese escenario, identifica experiencias de coordinación local que muestran resultados alentadores. Menciona el trabajo desarrollado en Roboré, San José de Chiquitos y Charagua, donde municipios, actores locales, las Fuerzas Armadas y organizaciones ambientales articularon esfuerzos para enfrentar el fuego.
Destaca particularmente la participación de la Fundación Amigos de la Naturaleza y Nativa en la construcción de mecanismos de coordinación entre los distintos actores.
Según las cifras mencionadas por Forno, en las zonas donde se desarrollaron estas experiencias la superficie afectada por los incendios se habría reducido de entre 700.000 y 800.000 hectáreas a alrededor de 40.000 hectáreas. El resultado, sostiene, demuestra que es posible reducir los daños cuando existe preparación y coordinación.
“Hay éxito, se puede, pero eso ha sido prevención, saber qué pasa, entender los fuegos”, afirma.
Un plan no garantiza su implementación
Forno considera que Bolivia cuenta con un plan de prevención y control de incendios que califica como el mejor que ha tenido el país, pero el principal desafío consiste en garantizar su aplicación efectiva en todo el territorio. “El plan es una cosa. Implementarlo es otra cosa”, enfatiza.
A su juicio, algunas regiones tienen experiencia acumulada para ejecutar acciones preventivas, mientras que otras, como el norte de la Chiquitania, deberán desarrollar capacidades de coordinación que todavía son insuficientes.
Por ello, plantea prepararse más allá de la emergencia inmediata. Esta tarea, añade, no puede recaer exclusivamente en el Gobierno central. Requiere la participación de las entidades territoriales autónomas, las comunidades, los productores y las organizaciones de la sociedad civil.
El especialista también observa dificultades de comunicación y debilidad institucional en la gestión pública. Aunque reconoce la voluntad del nuevo Gobierno para enfrentar estos problemas, considera que la desinstitucionalización acumulada durante años limita la capacidad de respuesta y hace necesario reconstruir mecanismos de gestión y fiscalización ambiental.
En su criterio, la prevención también exige que la población tome conciencia de los efectos que una quema puede desencadenar en condiciones ambientales distintas a las de décadas anteriores, debido al cambio climático y a la mayor sequedad de los ecosistemas.
Finalmente, advierte sobre la relación entre el deterioro ambiental y otras actividades ilícitas que pueden debilitar la institucionalidad. Entre sus principales preocupaciones menciona el crimen organizado vinculado con la minería, el narcotráfico, la deforestación y la trata de personas.
Para Forno, el desafío consiste en recuperar capacidades estatales, fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y preparar al país antes de que ocurran nuevas emergencias. La protección de las cuencas y los bosques, la prevención de incendios y la participación ciudadana son componentes esenciales de una estrategia que permita reducir los impactos sociales, económicos y ambientales de los fenómenos climáticos.
