El procurador general del Estado Hugo León informó que se detectaron al menos siete irregularidades en la contratación de la empresa Gerimex S.R.L. para la impermeabilización de las piscinas industriales de halitas, destinadas al desarrollo de la industria del litio, en 2016.
La contratación fue realizada por la entonces Corporación Minera de Bolivia (Comibol), cuya Gerencia de Recursos Evaporíticos actualmente corresponde a Yacimientos de Litio Boliviano (YLB).
Las irregularidades
De las siete irregularidades identificadas, León mencionó cinco durante una conferencia de prensa este lunes por la mañana.
Una de ellas está relacionada con el proceso de contratación. Se presentaron dos empresas: Gerimex, que ofertó $us 24 millones, y otra firma cuya propuesta fue $us 874.251 menor. Sin embargo, el contrato fue adjudicado a Gerimex.
“La diferencia entre una y otra es de $us 874.251, pero obviamente el costo total del proyecto tiene una suma que supera los $us 24,3 millones. Como ustedes saben, el proyecto no está funcionando”, dijo León.
El procurador aclaró que el daño económico no corresponde únicamente a la diferencia entre las dos propuestas, sino también al costo total de un proyecto que, según indicó “no está rindiendo los frutos necesarios, ni está permitiendo que el Estado boliviano los recupere”.
La segunda irregularidad mencionada por León está relacionada con el equipo mínimo comprometido para la obra, que no llegó a completarse.
La tercera observación corresponde a la evaluación de criterios preestablecidos, que, según la autoridad, habrían sido modificados después de la apertura de las propuestas.
La cuarta irregularidad se refiere a la asignación de puntajes sin respaldo en los rangos publicados.
Finalmente, la quinta observación señala que el proceso se sustanció sin certificación presupuestaria.
“Vale decir, no existía la certificación por parte del propio gobierno del Estado o del ministerio, indicando que sí existían los recursos para ello, lo que ha venido a causar también un serio daño económico al estado”, dijo León sobre la certificación presupuestaria.
Pedido de investigación
Según la autoridad, las irregularidades detectadas fueron incluidas en un informe que la Procuraduría General del Estado presentó a YLB para que esta entidad pueda remitirlo al Ministerio Público y se investiguen los hechos.
"Lo que buscamos es que el Ministerio Público investigue lo ocurrido a partir de estos hallazgos. El objetivo principal es anotar los bienes de los involucrados y recuperar los dineros que se invirtieron de forma incorrecta", afirmó el Procurador.
