Estados Unidos rechazó que Nicolás Maduro pueda acogerse a inmunidad soberana para evitar el proceso penal que enfrenta ante la Justicia federal de Nueva York y sostuvo que Venezuela nunca solicitó formalmente esa protección para el exmandatario. La posición fue presentada ante el juez Alvin K. Hellerstein, quien está a cargo del caso.
La Fiscalía pidió al magistrado que descarte el argumento de la defensa de Maduro, que pretende cerrar la causa alegando que su antigua condición de jefe de Estado le otorgaría inmunidad frente a la jurisdicción estadounidense. Maduro enfrenta cargos relacionados con narcotráfico, tráfico de armas y conspiración para cometer narcoterrorismo.
Según el escrito presentado ante Hellerstein, el Gobierno de Venezuela “no ha afirmado” que Maduro ni su esposa, Cilia Flores, gocen de inmunidad frente al proceso penal estadounidense ni frente a otros procedimientos judiciales abiertos en ese país. La Fiscalía considera que esa ausencia de solicitud formal es relevante para resolver el planteamiento de la defensa.
Washington estableció además una diferencia entre Maduro y Delcy Rodríguez. Estados Unidos sostiene que reconoció a Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela después de la captura de Maduro y que, en su caso, Caracas sí presentó una solicitud formal para que se reconociera su inmunidad como jefa de Estado.
La Fiscalía recordó que Estados Unidos dejó de reconocer a Maduro como presidente legítimo de Venezuela en enero de 2019 y que esa posición no fue modificada posteriormente. En cambio, el Gobierno estadounidense reconoció formalmente a Rodríguez como presidenta encargada el 7 de marzo de 2026, según los argumentos presentados ante el tribunal.
La diferencia también aparece en los trámites diplomáticos. El 14 de mayo, la Embajada venezolana presentó una comunicación en la que solicitó inmunidad para Rodríguez en una demanda civil iniciada en Florida, conocida como Kenemore vs. Maduro, en la que figuraban como demandados tanto Rodríguez como Maduro.
El 20 de julio, Estados Unidos informó al tribunal de Florida que consideraba a Rodríguez jefa de Estado de Venezuela y, por esa condición, reconocía su inmunidad frente a esa demanda. La Fiscalía subrayó que Caracas no presentó una solicitud equivalente para Maduro dentro de ese procedimiento.
El Gobierno estadounidense sostiene además que corresponde al Poder Ejecutivo determinar quién representa oficialmente a un Estado extranjero y que los tribunales deben otorgar amplia deferencia a esa decisión diplomática. El argumento busca limitar la posibilidad de que un juez federal contradiga la posición oficial de Washington sobre quién ejerce la jefatura del Estado venezolano.
La disputa judicial se produce después de la captura de Maduro y Cilia Flores en Caracas el 3 de enero durante una operación de fuerzas estadounidenses y su posterior traslado a Nueva York. Ambos permanecen detenidos en Brooklyn y se han declarado no culpables de los cargos formulados por la Fiscalía.
La defensa de Maduro sostiene que las prerrogativas derivadas de su antigua condición presidencial deben impedir que sea sometido a un proceso penal en Estados Unidos. El equipo jurídico también ha cuestionado la jurisdicción del tribunal sobre los cargos de narcoterrorismo y ha solicitado que la acusación sea desestimada.
El juez Hellerstein tiene prevista para el 17 de noviembre una audiencia dedicada a los argumentos relacionados con las solicitudes de inmunidad y desestimación del proceso. El juicio, si la causa supera esa etapa, está previsto para comenzar en junio de 2027.
Mientras tanto, Cilia Flores mantiene una disputa separada sobre sus condiciones de detención. Sus abogados han solicitado que pueda cumplir arresto domiciliario por razones médicas, mientras la Fiscalía se opone al pedido. La resolución sobre la inmunidad de Maduro será, sin embargo, uno de los principales puntos de la próxima etapa del proceso penal que podría determinar si el caso continúa hasta juicio.
