El Gobierno de Estados Unidos decidió retirar a Venezuela de la lista de países que, según Washington, incumplen de manera demostrable sus compromisos de control de drogas, mientras mantuvo a Colombia en esa categoría. El Departamento de Estado atribuyó el cambio venezolano a las acciones emprendidas durante la presidencia interina de Delcy Rodríguez.
La decisión representa un cambio respecto a la posición mantenida por Washington en años anteriores y se produce después del arresto y remoción del expresidente venezolano Nicolás Maduro en enero y de la muerte, en junio, de Héctor Rusthenford Guerrero, líder de la banda criminal Tren de Aragua. Ambos hechos ocurrieron después de operativos militares liderados por Estados Unidos en Venezuela.
El Departamento de Estado señaló que la medida responde a los “pasos positivos” emprendidos bajo la presidencia interina de Rodríguez. El cambio se anuncia además mientras Caracas estrecha su cooperación con la Administración de Donald Trump mediante acuerdos relacionados con el sector petrolero.
Hasta su detención, Estados Unidos consideraba a Maduro como líder del denominado Cartel de los Soles, una supuesta estructura de narcotráfico. Una acusación judicial presentada en 2020 sostenía que Maduro había ayudado a gestionar y posteriormente liderar el grupo, aunque el texto señala que no existen pruebas contundentes sobre la existencia de esa organización.
Pese a salir de la categoría de países que incumplen sus compromisos antidrogas, Venezuela continúa incluida entre las naciones consideradas por Estados Unidos como importantes zonas de tránsito y producción de drogas. En ese grupo permanecen Colombia, Bolivia, El Salvador, Ecuador, México y Guatemala, entre otros países.
En el caso de Colombia, el Departamento de Estado decidió mantener la calificación de país que no combate de manera suficiente el narcotráfico. El mensaje de Washington contiene críticas al Gobierno de Gustavo Petro, pero al mismo tiempo expresa respaldo al nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.
Trump afirmó ante el Congreso estadounidense que Colombia está orientada a recuperar su posición como principal aliado de Washington en materia de seguridad en el hemisferio. También destacó el compromiso de De la Espriella de impulsar una ofensiva contra el cultivo de coca y la producción de cocaína.
El Gobierno estadounidense dejó abierta la posibilidad de modificar la situación de Colombia en 2027. El documento señala que, si durante el próximo año el país registra avances en la erradicación de cultivos de coca y en el desmantelamiento de redes criminales, Washington consideraría levantar el estatus que mantiene actualmente.
La Administración Trump también concedió a Colombia una medida de excepción, conocida como waiver, que evita el congelamiento de la cooperación en materia de seguridad y las sanciones económicas que pueden derivarse de la descertificación. La Cámara de Comercio Colombo-Americana señaló que la decisión debe analizarse tanto desde el punto de vista técnico y jurídico como desde el nuevo contexto político bilateral.
La relación entre Bogotá y Washington había mejorado durante los 12 meses posteriores a la anterior descertificación de Colombia, ocurrida en septiembre de 2025. Durante ese período, Petro se reunió con Trump en la Casa Blanca y la cooperación policial y judicial entre ambos países continuó en el ámbito operativo.
El informe sobre cultivos ilícitos divulgado por Colombia en junio pasado registró 261.000 hectáreas sembradas con coca a diciembre de 2024, una cifra récord, aunque acompañada por una desaceleración del crecimiento de los cultivos. De la Espriella, por su parte, suele referirse a una superficie de 300.000 hectáreas, aunque el texto no identifica la fuente de esa cifra.
El nuevo presidente colombiano ha colocado la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado entre las prioridades de su Gobierno, en contraste con la estrategia de Petro de buscar acuerdos con diferentes grupos armados para intentar reducir los conflictos. De la Espriella ha advertido que quienes continúen vinculados con esas actividades enfrentarán la capacidad legítima de la fuerza del Estado.
