Amnistía Internacional acusó este miércoles a las autoridades iraníes de haber desplegado una maquinaria estatal coordinada para reprimir las protestas de 2022 mediante asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, violencia sexual y otros abusos. La denuncia fue difundida cuando se cumplen cuatro años de la muerte bajo custodia de Mahsa Amini.
La organización presentó una investigación de más de 1.000 páginas titulada “Arquitectos de atrocidades”, en la que reconstruye las estructuras de mando que, según sus conclusiones, estuvieron detrás de la represión del movimiento “Mujer, Vida, Libertad”. El documento identifica a 87 altos cargos que deberían ser investigados por su presunta responsabilidad penal.
De los funcionarios señalados, 10 corresponden al ámbito nacional y 77 a niveles regionales, provinciales o locales. Entre ellos figuran 62 mandos de las fuerzas de seguridad y 25 funcionarios del Ministerio del Interior. Amnistía informó que comunicó sus conclusiones a las autoridades iraníes, pero que no recibió respuesta hasta la publicación del informe.
Según la investigación, la Guardia Revolucionaria y la Policía iraní encabezaron operaciones contra las manifestaciones dentro de una política estatal que habría involucrado a organismos de seguridad nacionales, provinciales y locales. Amnistía documentó el uso de fusiles de asalto, pistolas y escopetas cargadas con perdigones metálicos contra las multitudes.
El informe también recoge casos en los que agentes persiguieron a manifestantes que intentaban escapar y dispararon a corta distancia contra personas desarmadas. Documentos filtrados y declaraciones oficiales analizados por la organización describen reuniones estratégicas, planes de despliegue, asignaciones de armas y órdenes para responder de manera “firme y severa”.
La muerte de Mahsa Amini, una joven kurda iraní de 22 años detenida en Teherán por la denominada policía de la moral debido a las normas sobre el uso del velo islámico, desencadenó las protestas del 16 de septiembre de 2022. El movimiento comenzó como una reivindicación de los derechos de las mujeres y posteriormente amplió sus demandas contra las autoridades de la República Islámica.
Naciones Unidas estima que al menos 551 personas, entre ellas 68 menores, murieron durante aquellas protestas. En su investigación, Amnistía recopiló información sobre la muerte de 377 manifestantes y transeúntes, incluidos 56 menores, para analizar los patrones de homicidios registrados durante la represión.
La organización también documentó detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otros malos tratos contra miles de personas, incluidos hombres, mujeres y menores. Asimismo, registró casos de persecución contra familiares de personas fallecidas y sostuvo que los abusos constituyeron un ataque “generalizado y sistemático” contra la población civil.
De acuerdo con Amnistía, las comunidades kurda y baluchi fueron afectadas de manera especialmente grave. Ambas concentraron el 62% de las víctimas registradas por la organización, pese a representar una proporción considerablemente menor de la población iraní. Entre las víctimas figura Minoo Majidi, una mujer kurda de 62 años que murió tras recibir disparos de perdigones metálicos durante una protesta en Kermanshah.
El informe vincula la falta de rendición de cuentas por los hechos de 2022 con nuevas represiones ocurridas posteriormente en Irán. Amnistía sostiene que muchos de los responsables de aquella represión permanecieron en posiciones de poder y relaciona esta situación con las protestas registradas a comienzos de 2026, cuya represión, según la organización, fue todavía más mortífera.
Ante este escenario, Amnistía Internacional pidió a la Asamblea General de Naciones Unidas crear un mecanismo internacional de justicia penal para investigar y procesar a los principales responsables. También reclamó que los Estados recurran a la jurisdicción universal y consideren una eventual remisión de la situación de Irán a la Corte Penal Internacional.
Para elaborar su investigación, Amnistía entrevistó a 270 personas, entre manifestantes, exdetenidos, familiares de víctimas, testigos, abogados, periodistas y personal sanitario. Además, analizó más de 2.000 videos, declaraciones oficiales, documentos filtrados, sentencias judiciales y documentación forense. La organización publicó el informe en un contexto marcado también por el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel y advirtió sobre los riesgos que enfrenta actualmente la población civil.
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