El depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro solicitó a un juez federal de Nueva York que desestime los cargos de narcotráfico presentados en su contra, al argumentar que conserva inmunidad como jefe de Estado y que los tribunales de Estados Unidos no tienen jurisdicción para juzgarlo.
La petición fue presentada el miércoles ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan por los abogados de Maduro, encabezados por Barry Pollack. La defensa sostiene que el derecho internacional protege a los jefes de Estado frente a procesos penales iniciados por tribunales de otros países.
Los abogados argumentan que Maduro continúa siendo reconocido como presidente en Venezuela, pese a que Washington dejó de reconocer su legitimidad desde 2019. Según la defensa, esa decisión política estadounidense no elimina la condición de jefe de Estado que, a su juicio, mantiene Maduro.
La estrategia legal abre una compleja disputa sobre el alcance de la inmunidad soberana y sobre quién tiene autoridad para determinar la condición jurídica de un mandatario extranjero. La defensa afirma que ningún tribunal estadounidense ha procesado penalmente a un líder extranjero reconocido como jefe de Estado por su propio país cuando fueron presentados los cargos.
Maduro permanece detenido en una cárcel federal de Brooklyn después de haber sido capturado durante una operación militar estadounidense realizada el pasado 3 de enero en las afueras de Caracas. Su esposa, Cilia Flores, también fue detenida y presentó una solicitud similar para que se desestime la causa en su contra.
Los dos acusados se han declarado inocentes de los cargos. La Fiscalía estadounidense sostiene que Maduro y Flores estuvieron vinculados a una conspiración destinada a facilitar el traslado de grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos, con participación de funcionarios venezolanos y otros presuntos cómplices.
En caso de que el juez rechace los pedidos de desestimación, Maduro y Flores deberán enfrentar el proceso judicial. La primera fecha prevista para el juicio es el 1 de junio del próximo año y, si fueran declarados culpables de los delitos de los que están acusados, podrían afrontar una condena de cadena perpetua.
La defensa de Maduro plantea además un segundo argumento: incluso si no se aceptara su inmunidad como jefe de Estado, sostiene que los hechos por los que se le acusa estarían relacionados con sus funciones oficiales. Por ello, reclama también protección frente a la jurisdicción penal estadounidense.
El principio de inmunidad de los jefes de Estado en ejercicio constituye una norma central del derecho internacional y busca proteger las relaciones diplomáticas entre países. Los abogados de Maduro sostienen que esa protección es una consecuencia de la soberanía venezolana y que únicamente Venezuela podría renunciar a ella.
Sin embargo, expertos legales consideran que Maduro enfrenta una batalla difícil. Estados Unidos no reconoce su legitimidad como presidente desde 2019 y tampoco aceptó como válida su proclamación como ganador de las elecciones venezolanas de 2024. Los tribunales estadounidenses suelen tomar en consideración la posición del Poder Ejecutivo en disputas relacionadas con el reconocimiento de gobiernos extranjeros.
La defensa intenta diferenciar el caso de Maduro del precedente del exgobernante militar panameño Manuel Noriega, quien en 1990 no logró hacer valer la inmunidad de jefe de Estado ante un tribunal federal de Miami. Los abogados sostienen que, a diferencia de Noriega, Maduro sí ejerció formalmente la Presidencia de Venezuela.
El juez federal Alvin Hellerstein tiene previsto analizar los argumentos de la defensa en una audiencia fijada para el 17 de noviembre. La resolución podría convertirse en un precedente relevante sobre la inmunidad de dirigentes extranjeros y sobre los límites de la jurisdicción estadounidense para procesar a antiguos mandatarios.
