El nuevo año escolar en Cuba comenzó este 1 de septiembre marcado por la crisis económica y energética que atraviesa la isla, con escuelas que enfrentan falta de maestros, uniformes, agua y materiales educativos, mientras los prolongados apagones obligan a estudiantes a llevar lámparas recargables para poder estudiar durante la noche.
El Gobierno cubano reconoció que el inicio del curso se desarrolla en condiciones “muy difíciles” y con “tremendas dificultades”. La ministra de Educación, Naima Trujillo, informó que el sistema tiene un déficit de unos 21.000 profesores, por lo que la cobertura docente alcanza apenas el 73%.
La falta de electricidad se ha convertido en otro de los principales obstáculos para estudiantes y docentes. Cuba ha registrado este año al menos siete colapsos totales del Sistema Eléctrico Nacional y en algunas zonas los apagones llegan a durar entre 20 y 22 horas diarias, afectando el descanso y las posibilidades de estudiar de los alumnos.
En La Habana, algunas familias han comenzado incluso a cuestionar la conveniencia de enviar a sus hijos a la escuela en esas condiciones. Una madre del municipio Regla relató que su hijo, de nueve años, comenzó el curso después de pasar más de 30 horas sin electricidad, con dificultades para dormir y sin alimentos suficientes.
La escasez también se refleja en el costo de los uniformes. Según la información oficial, el país enfrenta dificultades para producir y distribuir la vestimenta escolar debido a la falta de combustible, electricidad, tejidos y recursos financieros. Las familias, mientras tanto, recurren al mercado informal para adquirir blusas, camisas, pantalones y faldas a precios que resultan elevados frente a sus ingresos.
La situación se extiende a otros materiales indispensables para la educación. En algunos lugares, los padres deben comprar libros, útiles escolares y artículos de aseo por su cuenta. También han surgido negocios que reimprimen libros de texto que las escuelas no siempre pueden proporcionar, mientras algunos estudiantes asisten vestidos de civil por la falta de uniformes.
Uno de los casos más llamativos ocurre en el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Vladímir Ilich Lenin, uno de los centros educativos emblemáticos de La Habana. La institución retrasó una semana el ingreso de sus estudiantes debido a problemas con el suministro de agua y enfrenta además un faltante de unos 400 colchones.
A los estudiantes de ese centro se les pidió llevar lámparas recargables para iluminarse durante las noches. Según los padres, el plantel soporta los mismos apagones prolongados que afectan al resto del país, lo que dificulta las horas de estudio y altera las rutinas de los alumnos internados.
El deterioro de las condiciones económicas también está obligando a las familias a realizar esfuerzos adicionales para mantener a sus hijos en el sistema educativo. Algunas madres han comenzado a vender alimentos, realizar manualidades o cualquier actividad que les permita reunir dinero para comprar zapatos, ropa, alimentos y otros productos necesarios para el regreso a clases.
La crisis educativa ocurre en un contexto de fuerte deterioro de las condiciones de vida. Un estudio del Observatorio Cubano de Derechos Humanos señala que el 94% de la población se encuentra en situación de extrema pobreza, mientras el 68% de los encuestados declaró ingresos mensuales inferiores a 20.000 pesos cubanos. Ocho de cada diez personas consultadas dijeron además haber dejado de desayunar, almorzar o cenar por falta de dinero o alimentos.
El Gobierno cubano atribuye buena parte de las dificultades al impacto de las sanciones estadounidenses y al denominado “cerco económico”. Durante el acto de inicio del curso, autoridades y dirigentes del Partido Comunista presentaron el regreso a las aulas como un acto de resistencia frente a las dificultades, mientras el presidente Miguel Díaz-Canel sostuvo que el “imperio” pretendió impedir el comienzo de las clases.
La crisis supone un fuerte contraste con uno de los principales logros que la revolución cubana reivindicó durante décadas: la expansión de la educación pública y la reducción del analfabetismo. La socióloga Elaine Acosta González considera que el deterioro actual refleja una crisis estructural que está trasladando cada vez más a las familias responsabilidades que anteriormente asumía el Estado, como alimentación, vestuario y otros gastos vinculados con la educación.
