
Nadia Beller aseguró que no ha participado en los hechos delictivos que habría cometido Fernando Cerimedo, pero además sostuvo que tampoco tenía obligación legal de denunciarlos, al señalar que no es funcionaria pública y que convivía con la persona involucrada.
“Yo no fui parte (de los delitos). Yo sé de ellos de manera referencial”, afirmó Beller en entrevista con La Mañana en Directo de ERBOL.
Desde el ataque armado en su contra, Beller denunció varios hechos de presunta corrupción que involucran a Cerimedo con políticos y el entorno gubernamental. Sin embargo, ha surgido cuestionamientos a sus denuncias y el hecho de que no las hizo antes.
La activista y abogada rechazó las versiones que, según dijo, buscan atribuirle responsabilidad por no haber denunciado los hechos de los que tuvo conocimiento.
Según explicó con base a la norma penal, la obligación de denunciar alcanza a funcionarios públicos que conozcan los hechos en el ejercicio de sus funciones. “Yo no soy funcionaria pública, nunca fui funcionaria pública”, remarcó.
Asimismo, señaló que el hecho de que tenía una relación con Cerimedo, lo cual también sería un impedimento legal para un eventual proceso “Yo convivía con él, estoy esperando un hijo de él”, señaló.
La entrevistada también rechazó que su conducta pueda ser considerada encubrimiento. Citando la norma, explicó que el encubrimiento contempla, entre otros supuestos, ayudar a una persona a eludir la acción de la justicia después de cometido un delito u omitir su denuncia cuando existe una obligación legal de hacerlo.
“Yo no estoy obligada por ley a denunciar”, sostuvo Beller, quien calificó como “malintencionado” el discurso que, según afirmó, se estaría difundiendo para responsabilizarla.
Beller también explicó que no consideró viable realizar una denuncia debido a la influencia que ejercía Cerimedo sobre organismos policiales y unidades de investigación.
En ese contexto, expresó además su desconfianza en el sistema judicial. Sostuvo que, pese a la voluntad de algunos magistrados, persisten jueces que, según su apreciación, fueron “institucionalizados” por anteriores gestiones y que actuarían motivados por dinero.
“Es lógico que yo no confíe en la justicia ni siquiera para mi caso y tampoco para hacer una denuncia de otra índole”, manifestó.