El vicepresidente Edmand Lara exigió este lunes al Gobierno frenar la aplicación del Decreto Supremo 5676, que establece un precio de Bs18 por litro de diésel para consumidores que superen los 120 litros mensuales, y pidió abrir un diálogo con transportistas, productores y trabajadores para abordar la situación de YPFB.
En una declaración en la cual afirmó que tiene el “corazón apretado”, el segundo mandatario enfatizó que lo ocurrido “se llama Dieselazo”.
El vicepresidente advirtió que el incremento tendrá efectos sobre los sectores productivos y de transporte, para posteriormente afectar a los precios que pagan las familias.
“Están diciendo que se mantiene el precio para algunos, pero ¿quién mueve este país? Lo movemos los trabajadores, los gremiales, los maestros, las mamás que van al mercado. Y a todos nosotros nos va a golpear”, alertó.
Lara cuestionó que una decisión de ese alcance haya sido adoptada sin una consulta previa con los sectores involucrados.
También rechazó los argumentos según los cuales el ajuste no debería afectar la canasta familiar. “En economía no existe la palabra debería”, manifestó, al considerar que una medida de este tipo requiere planificación, medición y garantías concretas.
Lara reconoció que YPFB enfrenta problemas, pero sostuvo que la respuesta no puede trasladar de manera recurrente los costos a los sectores con menores ingresos. En ese sentido, planteó auditorías, acciones contra el contrabando y una distribución del sacrificio entre los distintos sectores.
Lara formuló estas demandas: “parar ese decreto supremo”, convocar a una mesa de diálogo entre Gobierno, transportistas, productores y trabajadores, y adoptar medidas para fortalecer YPFB mediante auditorías y lucha contra el contrabando.
Finalmente, afirmó que Bolivia debe apostar por incrementar la producción, proteger sus recursos y distribuir mejor los costos de la crisis. “No vamos a permitir que la crisis de unos pocos se convierta en el hambre de muchos”, declaró.
