Autoridades del gobierno y representantes de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) se reunirán el 28 de agosto en el Ministerio de la Presidencia para definir una agenda de trabajo sobre la distribución de recursos, la ley de inversiones y la situación financiera de los gobiernos municipales.
“Vamos a hablar con el señor presidente todo lo que concierne al debate del 50-50, el 12 % del impuesto directo a los hidrocarburos (IDH), vamos a ver todas las alternativas de competencias que tenemos los gobiernos municipales y que hay que redistribuirlas”, afirmó el presidente de la FAM Johnny Torres quien además dijo que el encuentro permitirá abordar los principales problemas que enfrentan los municipios y plantear alternativas para fortalecer sus finanzas y competencias.
El representante municipal también expresó el respaldo de la FAM a la ley de inversiones, al considerar que la llegada de capitales privados puede convertirse en una alternativa para ejecutar proyectos que actualmente dependen de recursos públicos. Puso como ejemplo el tratamiento de residuos sólidos y planteó la posibilidad de desarrollar asociaciones público-privadas para atender distintas necesidades de infraestructura y servicios.
“Cada gobierno municipal, por ejemplo, puede iniciar asociaciones público privadas para el tratamiento de basura. Podemos ver estas asociaciones para una serie de aspectos que no necesariamente requieran del presupuesto, sino que esa inversión ayude al presupuesto”, señaló, y añadió que los municipios requieren recursos para atender necesidades como carreteras, asfaltado y alumbrado público, pero advirtió que sin inversión y generación de exportaciones el país tendrá dificultades para obtener divisas.
Otro de los asuntos que será puesto sobre la mesa son los débitos automáticos y las obligaciones acumuladas por los gobiernos municipales con diferentes instituciones. Torres aclaró que los municipios no pretenden desconocer sus deudas, sino buscar mecanismos de refinanciamiento que permitan reducir la presión sobre sus presupuestos.
“No nos oponemos, no estamos diciendo que no vamos a pagar, estamos diciendo que queremos hablar”, afirmó, al explicar que ampliar los plazos de pago podría reducir el monto de las cuotas que actualmente deben asumir las alcaldías.
El presidente de la FAM también destacó la aprobación de una norma adicional al Presupuesto General del Estado (PGE) que permitió otorgar recursos a los municipios para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones hasta diciembre. “Con la ley de adicionales, todos los municipios del país han recibido recursos, y estos recursos nos van a llevar a cumplir con nuestras obligaciones hasta el 31 de diciembre”, sostuvo Torres.
Diálogo y transformación
Por su parte, el ministro de la Presidencia Fernando Aramayo destacó el acercamiento con la FAM y aseguró que la administración del presidente Rodrigo Paz busca recuperar el diálogo con los gobiernos subnacionales como mecanismo para encarar las transformaciones económicas e institucionales. “No va a servir de nada dialogar, conversar, reunirnos, si no le entregamos soluciones a la gente. A esto le llamamos nosotros la democracia resolutiva”, afirmó Aramayo.
El ministro vinculó la ley de inversiones con la necesidad de generar un “shock de confianza” que permita atraer capital nacional y extranjero, con impacto directo en los territorios mediante la creación de empleos, dinamización del comercio y ejecución de infraestructura.
Aramayo también señaló que la discusión del 50-50 no debería limitarse a una redistribución de recursos, sino incluir una revisión de las políticas sectoriales y de las responsabilidades que actualmente tienen los gobiernos municipales en áreas como salud, educación, servicios básicos y desarrollo productivo. “Hablar del 50-50 no es hablar solamente de atender en la justicia fiscal, es hablar de política sectorial”, manifestó.
La reunión del 28 de agosto contará con ministros y equipos técnicos del gobierno, además de representantes de la FAM y alcaldes de ciudades capitales. El objetivo será establecer una ruta crítica de trabajo para abordar las demandas municipales. “Es un tiempo diferente, es un tiempo de acuerdos programáticos, no de acuerdos fotográficos”, enfatizó Aramayo.
