La Justicia argentina dispuso este miércoles el embargo preventivo de bienes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por irregularidades en la concesión de obras viales durante sus gobiernos y el de su esposo, Néstor Kirchner.
El Tribunal Oral Federal N.º 2, que condenó a la exmandataria en la denominada causa Vialidad, adoptó la medida con el objetivo de garantizar que los bienes identificados puedan ser decomisados cuando concluya el proceso judicial correspondiente.
El monto del decomiso establecido en la sentencia asciende actualmente a unos 685.000 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 450,6 millones de dólares. La suma debe ser cubierta por los nueve condenados en el expediente, incluida Fernández.
El tribunal explicó que el embargo no supone el decomiso inmediato ni la subasta de los bienes afectados. Tampoco modifica por ahora su titularidad, sino que establece su “indisponibilidad jurídica” para evitar que puedan ser transferidos o afectados mientras avanza el procedimiento.
Entre los bienes alcanzados por la decisión figura el departamento donde Fernández cumple su condena bajo prisión domiciliaria desde junio de 2025. El inmueble pertenece a Los Sauces S.A., sociedad inmobiliaria vinculada a la familia Kirchner-Fernández.
La causa Vialidad llegó a juicio oral en 2019 y terminó con la condena de Fernández en diciembre de 2022 por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La sentencia fue posteriormente confirmada en junio de 2025 por la Corte Suprema de Justicia argentina.
Tras la confirmación definitiva de la condena, el Tribunal Oral Federal N.º 2 ordenó la detención de la expresidenta y actualizó el monto correspondiente al decomiso. La cifra original había sido fijada en 84.800 millones de pesos, unos 55,7 millones de dólares al tipo de cambio actual.
El proceso para identificar los bienes sujetos al decomiso se prolongó durante varios meses debido a las objeciones presentadas por los condenados y sus defensas. En una primera etapa fueron identificados 111 bienes destinados a ser tasados y eventualmente rematados.
Mientras la Corte Suprema analiza esa primera lista de activos, el Tribunal Oral Federal N.º 2 avanzó con una segunda tanda de bienes que incluye 144 propiedades y vehículos, además de participaciones accionarias en distintas sociedades.
La nueva resolución también alcanza a 5 millones de dólares que Florencia Kirchner, hija de la expresidenta, mantenía depositados en una caja de seguridad. Según el criterio adoptado por el tribunal, esos fondos también deben ser preservados debido a los beneficios indirectos que, según la Justicia, habría obtenido la familia a partir de la adjudicación de obra pública.
El caso Vialidad se centra en las irregularidades que la Justicia atribuyó a la concesión de obras viales en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. La investigación sostuvo que existió un perjuicio económico para el Estado y favorecimiento de empresarios vinculados al poder político.
Con el embargo preventivo, la Justicia argentina busca asegurar que los bienes identificados permanezcan disponibles para cumplir con la condena patrimonial. La medida no implica todavía una subasta, pero constituye un nuevo paso en la ejecución del decomiso dispuesto contra Fernández y los demás condenados.
