El presidente de Argentina, Javier Milei, modificó por decreto la Ley de Migraciones para impedir el ingreso de extranjeros que difundan mensajes de odio contra el país o inciten a la violencia hacia sus ciudadanos. La norma, publicada la noche del miércoles, ya está en vigor, aunque deberá ser analizada por el Congreso para determinar su validez definitiva.
El decreto también establece la cancelación de la residencia y la eventual expulsión de los extranjeros que incurran en estas conductas.
La normativa señala que las sanciones alcanzarán a quienes hayan "dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto, o contra algún ciudadano argentino, motivado en la nacionalidad de este último". Asimismo, contempla medidas contra quienes participen en actos de ultraje a los símbolos patrios o inciten a cometer este tipo de acciones.
La Oficina del Presidente justificó la decisión al afirmar que responde a las "recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos". En un comunicado difundido en la red social X sostuvo que "quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país".
El decreto precisa que la cancelación de la residencia implicará la obligación de abandonar el país dentro del plazo que determinen las autoridades o, en su defecto, la expulsión del territorio argentino, considerando las circunstancias personales de cada caso.
No obstante, la normativa aclara que estas sanciones "en ningún caso" podrán aplicarse a expresiones de disenso ideológico o de crítica política, académica o ciudadana que constituyan un ejercicio legítimo de los derechos garantizados por la Constitución.
La decisión fue adoptada días después de que Milei denunciara la existencia de una supuesta "campaña antiargentina", que atribuyó —sin presentar pruebas— a los gobiernos de Brasil y México, además del Partido Demócrata de Estados Unidos, en referencia a críticas viralizadas en redes sociales durante el Mundial de fútbol.
La medida se produce, además, en medio de una creciente tensión diplomática entre Argentina y Brasil, luego de que Milei participara en un acto político opositor en São Paulo, donde calificó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva de "ladrón" y "presidiario".
Argentina ha mantenido históricamente una política de apertura hacia la inmigración, garantizando a los residentes el acceso a derechos como la salud, la educación y la vivienda, además de las libertades civiles consagradas en su Constitución.
