El Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, enfrenta un nuevo escándalo de corrupción a pocos días de concluir su mandato, previsto para el 7 de agosto, cuando entregará el poder a Abelardo de la Espriella. Las denuncias han desatado una crisis política en la recta final de su administración y han puesto nuevamente bajo escrutinio a la Presidencia.
El caso gira en torno a Juliana Guerrero, una exasesora de 23 años cercana al mandatario, cuya influencia dentro del Gobierno había sido cuestionada desde finales del año pasado, cuando fue presentada como futura viceministra de la Juventud pese a no cumplir los requisitos académicos exigidos para el cargo.
Aunque finalmente no asumió esa función tras conocerse presuntas irregularidades en la obtención de sus títulos universitarios, Guerrero continuó desempeñando tareas dentro del Ejecutivo con el respaldo del presidente, quien defendió públicamente su permanencia.
La controversia tomó una nueva dimensión luego de que una investigación periodística revelara que Juliana Guerrero y su hermana Verónica presuntamente ofrecían a empresarios gestionar contratos con entidades estatales a cambio de pagos anticipados y comisiones sobre el valor de las adjudicaciones.
Según la denuncia, el esquema incluía el cobro de un millón de pesos colombianos por una reunión inicial, un anticipo de 200 millones de pesos para iniciar las gestiones y una comisión equivalente al 10 % del valor de los contratos obtenidos.
El presidente Petro rechazó las acusaciones y aseguró que corresponde a la Fiscalía establecer los hechos. Sostuvo que, de comprobarse las denuncias, se trataría de una presunta estafa realizada por particulares y no de una actuación ilegal del Gobierno.
El escándalo también reactivó el enfrentamiento entre Petro y Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien aseguró haber advertido personalmente al mandatario sobre la influencia que ejercía Juliana Guerrero dentro de varias instituciones estatales.
Rodríguez afirmó que se negó a designar a Guerrero en un cargo público por no cumplir con los requisitos profesionales y denunció que existía un decreto para retirarla de la representación presidencial en la Universidad Popular del Cesar, documento que, según dijo, nunca fue firmado por el jefe de Estado.
Tras esas declaraciones, Petro calificó a la exfuncionaria de "gran manipuladora", anunció acciones penales en su contra por presunta calumnia y difundió información relacionada con su estado de salud, lo que generó nuevas críticas hacia el mandatario.
En respuesta, Rodríguez presentó una denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por presuntos delitos de injuria, calumnia y tráfico de influencias, además de señalar que otros nombramientos impulsados por el presidente habrían seguido un patrón similar.
Entre esos casos mencionó el de Gabriela Muñoz, una estudiante de Derecho e influenciadora contratada en la Aeronáutica Civil, quien, según la denuncia, formaría parte de una red de personas con amplia influencia dentro del Gobierno pese a su escasa experiencia administrativa.
El nuevo escándalo estalla cuando faltan pocos días para el relevo presidencial y profundiza la crisis política que marca el cierre del mandato de Gustavo Petro, cuya administración concluye en medio de investigaciones, denuncias cruzadas y fuertes cuestionamientos sobre la transparencia en algunos nombramientos y el funcionamiento de la Presidencia.
