El régimen de Cuba anunció una amplia flexibilización de su modelo económico al autorizar, desde agosto, la participación de empresas privadas nacionales y extranjeras en sectores estratégicos como la extracción de petróleo y gas, la operación de gasolineras, la gestión de farmacias y diversos servicios de infraestructura, en un intento por enfrentar la profunda crisis económica que atraviesa el país.
Las medidas fueron oficializadas mediante un decreto del Consejo de Ministros publicado en la Gaceta Oficial de la República, que redefine las actividades económicas permitidas para empresas estatales, mipymes, cooperativas, trabajadores por cuenta propia e inversionistas extranjeros.
Como parte de la reforma, la lista de actividades prohibidas para el sector privado se reduce de 125 a 44. Además, 46 actividades quedan completamente autorizadas y otras 35 pasan a operar bajo condiciones más flexibles o con nuevas modalidades de participación.
Entre los cambios más relevantes figura la autorización para que empresas mixtas e inversionistas extranjeros participen en la extracción de petróleo y gas natural mediante concesiones administrativas, mientras que la gran minería solo podrá desarrollarse mediante asociaciones económicas con el Estado.
Las micro, pequeñas y medianas empresas también podrán administrar gasolineras, siempre que obtengan la autorización correspondiente y operen en asociación con entidades estatales, ampliando por primera vez la participación privada en el sector energético.
Asimismo, el decreto abre al sector privado actividades relacionadas con la transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, además de permitir, bajo regulación estatal, la fabricación de productos químicos y farmacéuticos.
Las nuevas disposiciones también autorizan a las mipymes a fabricar y ensamblar motocicletas, triciclos, remolques y semirremolques, siempre que cumplan los requisitos de certificación técnica establecidos por las autoridades.
En materia de infraestructura, el Gobierno permitirá la explotación de carreteras, estaciones ferroviarias, terminales, peajes, puentes y túneles mediante concesiones administrativas, arrendamientos y otras modalidades sobre activos estatales.
Uno de los cambios más significativos alcanza al sector de la salud. Aunque la atención médica continuará siendo exclusivamente estatal, las farmacias podrán ser administradas por mipymes, cooperativas no agropecuarias y empresas privadas que cumplan los requisitos de infraestructura, personal calificado, licencias y registro sanitario de los medicamentos.
La presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, Lázara López Acea, aseguró que las reformas no representan una privatización de la economía, sino una mayor participación de actores no estatales, manteniendo el papel predominante de la empresa estatal socialista.
Pese a la apertura, el Estado mantiene bajo control sectores considerados estratégicos, como la defensa, la seguridad, la educación formal, las telecomunicaciones, el periodismo, la publicación de libros y periódicos, el comercio mayorista y el transporte marítimo internacional y turístico.
Las reformas forman parte de un paquete de 176 medidas económicas y sociales aprobadas por el Gobierno cubano para intentar reactivar una economía que, según datos oficiales, se contrajo alrededor del 15 % entre 2020 y 2025, afectada por la pandemia, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y las dificultades derivadas de las políticas económicas internas.
