Después de denunciarse presuntas influencias del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero en un fallo judicial que liberó de un pago millonario a la empresa Soboce, el Consejo de la Magistratura intervendrá para determinar si hubo irregularidades en el proceso de resolución de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
El presidente de la Magistratura, Carlos Spencer, informó que se fiscalizará este proceso, que volvió a la palestra pública en las últimas horas tras revelarse en España las gestiones hechas por Rodríguez Zapatero ante el gobierno del expresidente Luis Arce para influir en el fallo que, finalmente, liberó a Soboce de pagar 107 millones de dólares a Fancesa.
“Vamos a hacer un levantamiento técnico y a determinar responsabilidades a través de Control y Fiscalización y de la Unidad de Transparencia. Si amerita procesos penales, también los vamos a iniciar. Pero primero se hacen los levantamientos técnicos para verificar todo el proceso que se haya podido suscitar en ese juzgado o sala, y así determinar responsabilidades”, explicó.
Fancesa acusó a Soboce de competencia desleal y el caso terminó en los tribunales bolivianos. En febrero de 2025, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia ratificó una sentencia que obligaba a Soboce a pagar 744.315.432 bolivianos a Fancesa.
Sin embargo, el 30 de mayo de 2025, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz declaró procedente una acción de amparo presentada por Soboce y dejó sin efecto la sentencia y el pago, aunque la última palabra está en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional.
La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de España realizó la investigación y reveló que el expresidente recibió 200.000 euros por las gestiones realizadas ante el Gobierno de Arce y otras autoridades bolivianas en favor del conglomerado peruano Grupo Gloria, propietario de Soboce.
En la investigación se mencionan contactos con la exministra de la Presidencia María Nela Prada y la exembajadora de Bolivia en España, Carmen Almendras, quien además es identificada como el vínculo entre el conglomerado empresarial y Rodríguez Zapatero.
Según la UDEF, los pagos fueron canalizados mediante un contrato de asesoría con la empresa peruana Focus Social Research, firma que los investigadores consideran una “sociedad interpuesta” utilizada para justificar transferencias que estarían vinculadas a gestiones en favor del Grupo Gloria y de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce).
Spencer aclaró que el trabajo del Consejo de la Magistratura en este caso no anula ni revisa la sentencia, sino el procedimiento aplicado hasta llegar al fallo.
