La directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP) de Estados Unidos, Sara Carter, advirtió que la administración del presidente Donald Trump busca obtener órdenes de aprehensión contra políticos mexicanos presuntamente vinculados con organizaciones del narcotráfico.
Durante una entrevista con el programa American Thought Leaders, Carter aseguró que el objetivo de Washington es desmantelar las estructuras de los grupos criminales en México, incluyendo a funcionarios gubernamentales que, según afirmó, se han aliado con los cárteles de la droga.
La funcionaria, considerada la principal responsable de la estrategia antidrogas de Trump, no mencionó nombres específicos. Sin embargo, diversos medios interpretaron que sus declaraciones apuntan a autoridades señaladas por la justicia estadounidense de mantener presuntos vínculos con organizaciones criminales.
Entre los casos mencionados por la prensa figura el del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sobre quien existen acusaciones de supuesta colaboración con facciones del Cártel de Sinaloa. No obstante, Carter evitó hacer referencias directas durante la entrevista.
La jefa de la política antidrogas estadounidense también destacó el nivel de cooperación alcanzado con el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en la lucha contra el crimen organizado. Según afirmó, la coordinación bilateral atraviesa un momento sin precedentes.
Carter sostuvo que las acciones contra integrantes del denominado “clan de Culiacán”, así como contra grupos asociados a Los Chapitos y Los Mayitos, han sido posibles gracias a la colaboración de las autoridades mexicanas y a la presión ejercida por Washington.
Las declaraciones se producen en medio de diferencias entre los gobiernos de México y Estados Unidos sobre las estrategias para combatir a los cárteles. Mientras ambos países mantienen operaciones conjuntas, persisten discrepancias sobre el alcance de la intervención estadounidense en territorio mexicano.
Pese a reconocer avances en materia de cooperación, la administración Trump continúa cuestionando la supuesta protección política de algunos funcionarios a grupos criminales y mantiene la presión para intensificar las acciones contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico.
