El ministro de Trabajo y abogado constitucionalista, Williams Bascopé, afirmó este domingo que las imágenes difundidas por la prensa, en las que se observa a dos personas utilizando armas de fuego, ya no pueden ser consideradas como actos de reivindicación social, sino que configuran un alzamiento armado contra la seguridad y la soberanía del Estado.
La autoridad señaló que es necesario tener precisión al analizar las protestas sociales y los bloqueos que se registran en el país, pero expresó especial preocupación por los hechos ocurridos en San Julián, ubicado en el departamento de Santa Cruz.
Explicó que el Gobierno desplazó un operativo para habilitar un corredor humanitario con el objetivo de permitir el paso de alimentos, oxígeno, ambulancias, gasolina y diésel, evitando así el desabastecimiento en distintas regiones. Sin embargo, aseguró que no se esperaba encontrar una resistencia armada por parte de los bloqueadores.
Manifestó que, mientras en el occidente del país el Gobierno mantiene espacios de diálogo con organizaciones indígenas originarias campesinas, la situación en San Julián es distinta porque, a su juicio, involucra a grupos que están atentando contra la unidad y la soberanía nacional. “Ellos no pueden portar armas por mandato de la Constitución y de la misma ley. Los únicos que portan armas son las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana”, comentó en referencia a la presencia de presuntos francotiradores captados por cámaras mientras efectuaban disparos.
“Eso de lo que se ha visto en las cámaras en San Julián es preocupante porque ya entra al Código Penal, porque eso se llama alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado. Ese grupo irregular que se ha visto en cámaras también son actos de terrorismo que están tipificados en el Código Penal. Eso tiene un costo y una suerte de financiamiento. ¿Hay un financiamiento al terrorismo? Uno se pregunta”, declaró aErbol.
Bascopé consideró que lo ocurrido en San Julián, donde la Policía Boliviana reportó entre cinco y seis efectivos heridos, es un hecho “totalmente incomprensible”.
En ese sentido, sostuvo que el Estado debe defender su soberanía, su unidad y a la sociedad boliviana mediante la aplicación de la Constitución y las leyes, evitando que se fracture la unidad territorial y que grupos irregulares armados ataquen a las fuerzas del orden.
Asimismo, pidió considerar el impacto humano de estos hechos sobre las familias de los policías heridos. “No estamos viendo el sentido humanitario”, afirmó, tras recordar que detrás de cada efectivo existen esposas, hijos y familiares afectados por la violencia.
“Al haber disparado el día de ayer a un policía, están disparando al orden constituido, al Estado, a lo que representa el uniforme policial, porque la fuerza de orden que tiene el Estado boliviano es la Policía y en ese contexto, la Constitución pues prevé de que nosotros actuemos con la ley en la mano y de esto tiene que hacerse cargo la justicia boliviana, pero también nosotros a partir de las fuerzas del orden y las investigaciones”, afirmó.
Recordó además que ni la Policía Boliviana ni las Fuerzas Armadas portaban armas de fuego durante el operativo. Por ello, sostuvo que los grupos armados actuaron con una clara desproporción y que aparentemente habían preparado una emboscada para sorprender a las fuerzas del orden.
La autoridad también lamentó que algunos actores políticos intenten justificar lo sucedido. “El tema del alzamiento armado y el terrorismo no tienen justificación porque están lastimando el orden constitucional y están desconociendo la democracia. Uno no entiende cómo es posible que se trate de abrir un corredor humanitario y nos estén recibiendo a balazos. Es lo que preocupa, por lo menos, a la sociedad boliviana, que está viendo o tiene la paciencia de que llegue una resolución razonable al conflicto, pero no así de esta forma con sujetos armados que no están buscando el diálogo”, agregó.
En ese marco, afirmó que no existe justificación para el uso de armas de fuego contra las fuerzas del orden y reiteró que estos hechos constituyen actos de terrorismo y alzamiento armado.
