
Inicia la jornada 38 de conflictos en el país y los puntos de bloqueo en las carreteras continúan instalados y afectando a seis departamentos. De acuerdo a los datos de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) hay 85 rutas cortadas en este domingo.
Según el mapa de transitabilidad, Cochabamba sigue siendo el departamento más afectado con 29 puntos de bloqueo, seguido de La Paz que tiene 19 vías obstaculizadas.
Potosí presenta 15 rutas intransitables, mientras que Oruro tiene 12, Chuquisaca nueve y en Santa Cruz aún se registra un punto de bloqueo la cual se encuentra en San Julián, vía que va hacia el Beni.
Las medidas de presión que, en su mayoría, vienen de parte de sectores campesinos y de miembros de la Central Obrera Boliviana (COB), han persistido en estas semanas, pese a las intervenciones que realizó la Policía y las Fuerzas Armadas en algunas zonas para intentar habilitar las vías y así permitir el paso a vehículos para el abastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos.
Asimismo, tras una sesión que se extendió por casi 14 horas, la Cámara de Diputados sancionó a primera hora de este domingo, la ley que regula los estados de excepción en Bolivia y la remitió al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
La norma establece que el presidente podrá declarar Estado de excepción, mediante decreto supremo, cuando concurran causas como peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastre natural.
Además, se contempla la intervención de las FFAA una vez que la Policía haya sido rebasada debiendo ser convocadas por el presidente. Mientras que el Ministerio Público ejercerá sus funciones de manera ininterrumpida y actuará con las fuerzas del orden para asumir la dirección de investigaciones ante la comisión de delitos de orden público.
La norma también establece que el uso de la fuerza durante operaciones conjuntas debe ser “excepcional, diferenciado y estrictamente necesario para neutralizar riesgos graves e inminentes contra la vida y la seguridad de la población, la estabilidad institucional o infraestructuras estratégicas del Estado”.