Tras una sesión que se extendió por casi 14 horas, la Cámara de Diputados sancionó a primera hora de la mañana de este domingo la ley que regula los Estados de excepción en Bolivia y la remitió al Órgano Ejecutivo para su promulgación. La aprobación de la norma se da en una jornada en la que el país ingresa al día 38 de bloqueos y protestas en diferentes regiones y tras una escalada de violencia que se registró en el municipio cruceño de San Julián, donde resultaron heridos al menos seis policías. ”Habiéndose en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo cámara revisora, queda sancionada la presente ley. Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales”, sostuvo el presidente del ente camaral, Roberto Castro. La norma establece que el presidente podrá declarar Estado de excepción, mediante decreto supremo, cuando concurran causas como peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastre natural. Asimismo, se contempla la intervención de las Fuerzas Armadas una vez que la Policía haya sido rebasada debiendo ser convocadas por el presidente. Mientras que el Ministerio Público ejercerá sus funciones de manera ininterrumpida y actuará con las fuerzas del orden para asumir la dirección de investigaciones ante la comisión de delitos de orden público. La norma también establece que el uso de la fuerza durante operaciones conjuntas debe ser “excepcional, diferenciado y estrictamente necesario para neutralizar riesgos graves e inminentes contra la vida y la seguridad de la población, la estabilidad institucional o infraestructuras estratégicas del Estado”. Con este escenario, ahora está en manos del presidente Rodrigo Paz la promulgación de la ley. Sin embargo, desde el Legislativo vienen señalando que la aprobación de la norma no implica la vigencia automática de un Estado de excepción, sino que se debe formalizar un decreto que debe pasar por el filtro de la Asamblea “Aunque se aprobase en Cámara de Diputados y en Senadores la ley de regulación de Estados de excepción, no significa que entre en vigencia automáticamente, eso no es real”, dijo anteriormente el senador Manuel Ormachea (Alianza Libre).
