Laura Fernández asumió este viernes la presidencia de Costa Rica con la promesa de aplicar una política de “mano dura” contra el narcotráfico y el crimen organizado, en medio de una creciente crisis de violencia que golpea al país centroamericano.
Durante una multitudinaria ceremonia realizada en el Estadio Nacional de San José, la politóloga de 39 años juró para un mandato de cuatro años tras imponerse cómodamente en las elecciones del pasado 1 de febrero, respaldada por la popularidad del presidente saliente Rodrigo Chaves.
Fernández, exministra de la Presidencia y considerada heredera política de Chaves, afirmó que no dudará en endurecer las medidas de seguridad para enfrentar al narcotráfico, al que acusó de haber penetrado instituciones estatales y debilitado el sistema democrático costarricense.
“No me temblará el pulso para enfrentar el crimen organizado”, declaró la nueva mandataria, al advertir que el país no puede permitir que el narcotráfico encuentre “grietas” en el aparato estatal.
La presidenta también anunció la construcción de una cárcel inspirada en la megaprisión impulsada en El Salvador por Nayib Bukele, figura a la que reconoció admirar por su estrategia de combate a las pandillas.
Fernández adelantó además reformas para endurecer las penas, ampliar la duración efectiva de las condenas y modificar el sistema penitenciario para que el año carcelario pase de ocho a doce meses. “Ya no más alcahueterías”, sostuvo en su discurso.
La nueva gobernante cuestionó además al poder judicial, al que responsabilizó parcialmente por la inseguridad debido a la liberación de delincuentes peligrosos, una postura similar a la mantenida por Chaves durante su gestión.
Aunque asumió oficialmente la presidencia, analistas consideran que Fernández gobernará bajo la fuerte influencia de su mentor político. Chaves fue designado ministro de la Presidencia y de Hacienda, cargo que le permitirá mantener control sobre la agenda política y económica del nuevo gobierno.
Con 31 de los 57 diputados a favor en la Asamblea Legislativa, el oficialismo buscará impulsar profundas reformas estatales, especialmente en el sistema judicial, aunque sectores opositores advierten sobre una posible concentración de poder.
El politólogo Daniel Zovatto señaló que el nuevo escenario político podría derivar en una “diarquía” entre Fernández y Chaves, mientras que expertos locales alertaron sobre rasgos de autoritarismo similares a los observados en el modelo salvadoreño.
En política exterior, la nueva presidenta reafirmó su alineamiento con Donald Trump y con la agenda de seguridad impulsada por Washington. Costa Rica cerró recientemente su embajada en Cuba, aceptó deportados enviados desde Estados Unidos y se incorporó a una alianza continental antidrogas liderada por la secretaria estadounidense Kristi Noem.
Pese a la reducción de la pobreza en los últimos años, Costa Rica enfrenta crecientes desafíos sociales y económicos. El país registra actualmente cifras récord de homicidios vinculados al narcotráfico, además de altos niveles de desigualdad y cuestionamientos de organismos internacionales por retrocesos en libertad de prensa y derechos civiles.
