Bolivia necesita una verdadera ruptura con el pasado. Ha cambiado la conducción del Palacio, pero el edificio sigue administrado con las mismas llaves. El gobierno de Rodrigo Paz enfrenta hoy un dilema elemental: ser una alternativa real o parecer apenas una pausa tolerada por el viejo sistema. Y en Bolivia, parecer no alcanza. Nunca alcanzó.
El masismo no fue solo un partido ni un ciclo electoral. Fue —y sigue siendo— un sistema de poder diseñado para no irse nunca del todo. Perdió elecciones, sí, pero no perdió el control de las palancas clave del Estado. Ministerios, direcciones técnicas, empresas públicas, juzgados, sindicatos, organizaciones “sociales” y territorios enteros siguen operando con lógica masista. Eso no es transición: es convivencia forzada.
El primer campo de batalla es el aparato estatal. La administración pública continúa saturada de militantes reciclados en “técnicos”, operadores políticos con sueldo fiscal y funcionarios cuya lealtad no es institucional sino ideológica. Allí se filtra información, se frena gestión, se sabotean decisiones y se protege a viejas redes. Ningún gobierno puede gobernar de verdad si el Estado responde a otro mando.
El segundo problema es más profundo: el marco legal heredado. La Constitución y las leyes clave no fueron pensadas para equilibrar poder, sino para concentrarlo. Bajo consignas de inclusión se construyó un Estado intervencionista, discrecional y autoritario, donde la ley dejó de limitar al poder y pasó a servirle. Mientras ese andamiaje siga intacto, cualquier intento de reforma será superficial.
El tercer frente es el de los movimientos sociales capturados. Sindicatos y organizaciones que deberían representar a la gente fueron convertidos en brazos de presión política, financiados con prebenda y disciplinados con amenaza. Hoy siguen ahí, listos para bloquear, cercar y desestabilizar si el poder real se siente amenazado.
Pero hay algo aún más grave: el poder ilegal que nunca se fue. Evo Morales sigue suelto, impune, operando políticamente y marcando límites. El narcotráfico no retrocede; avanza, compra voluntades, controla rutas y corrompe instituciones. Y figuras como Edman Lara trabajan activamente para empujar al país de vuelta a la misma senda: estatismo, clientelismo y obediencia al viejo libreto del MAS. No es una sospecha: es una tendencia visible.
A todo eso se suma el daño cultural. Años de autoritarismo dejaron una sociedad cansada, resignada, entrenada para callar. Se normalizó el abuso, se relativizó la corrupción y se criminalizó la exigencia de ley. Pedir institucionalidad pasó a ser “facho”; denunciar corrupción, “odio”. Esa inversión moral sigue viva y es funcional al sistema.
Por eso el gobierno de Rodrigo Paz no puede limitarse a administrar inercias. Debe ser y parecer distinto. Debe romper con las estructuras, desmontar redes, limpiar el Estado, enfrentar al poder ilegal y marcar una línea clara, sin ambigüedades. La tibieza, en Bolivia, siempre termina siendo complicidad.
Liberarse del masismo no es revancha ni discurso: es una necesidad democrática. Si no se desmantela el sistema que lo sostiene —político, legal, cultural y criminal— el país no avanzará. Seguirá girando en círculo, con distintos rostros y el mismo fondo. En Bolivia, la pregunta ya no es retórica: ser o no ser. Y el tiempo para decidir se está agotando.
