El Gobierno, mediante un comunicado del Viceministerio de Defensa Social, anunció que el caso narcomaletas se encuentra bajo instancias competentes del sistema de justicia, mientras que el Ejecutivo no interfiere debido a la separación de poderes.
El pronunciamiento surge cuando en Santa Cruz se investigan vínculos de un juez y una exdiputada con un esquema de narcotráfico, que habría usado instalaciones de Aduana en este delito.
“En estricto respeto a la exigencia de la separación de poderes, el Órgano Ejecutivo no dirige ni conduce investigaciones penales, no juzga ni interfiere en procesos judiciales, garantizando el debido proceso”, dice el comunicado gubernamental.
Sin embargo, el Gobierno aclaró que realiza “seguimiento institucional a las actuaciones de la Justicia, con la expectativa del pleno esclarecimiento de los hechos, en el marco de la ley y con la certeza de que esta se aplique sin privilegios ni excepciones”.
El Gobierno también desligó vocería sobre el caso y aclaró que las actuaciones “serán comunicadas por las autoridades judiciales y fiscales, a través de los canales institucionales correspondientes”.
