La mañana del lunes, la carretera Bioceánica dejó de ser un camino de tránsito para convertirse en un escenario de muerte. A las 08:40, un minibús se estrelló violentamente contra un árbol en el ingreso a Puerto Quijarro, sellando el destino de doce personas y marcando a una comunidad entera con un duelo que no nació del azar, sino de la imprudencia.
El dato más brutal emergió rápido: el vehículo era conducido por un menor de apenas 14 años. No tenía licencia, no tenía experiencia y no debía estar jamás al mando de un minibús cargado de personas. Sin embargo, alguien —adultos responsables por ley y por conciencia— le entregó el volante.
En el interior viajaban entre 15 y 16 personas, muchas de ellas niños y adolescentes. No iban sentados de manera regular: el minibús no tenía asientos traseros. Iban hacinados, de pie o sobre el piso, como carga humana, sin cinturones, sin protección, sin dignidad.
La excusa que ronda la tragedia es tan grave como el hecho: los adultos no estaban en “condiciones lúcidas” para conducir. Habían asistido a una fiesta de 15 años y, según los primeros indicios, el alcohol estaba presente dentro del vehículo. Incapaces de manejar, decidieron que lo hiciera un niño.
Ese acto —ceder el control de un motorizado a un menor— no fue un error: fue una decisión consciente y criminalmente irresponsable. El director departamental de Tránsito, Martín Arequipa, fue claro al señalar la inexperiencia, el exceso de velocidad y la falta de precaución como causas directas del choque.
No hubo otro vehículo involucrado. No hubo un animal que cruzara la vía. No hubo una maniobra evasiva inevitable. Hubo solo velocidad, impericia y una cadena de decisiones negligentes que terminaron con el minibús fuera de control, impactando de lleno contra un árbol.
El saldo fue devastador: once personas murieron en el lugar y una más falleció durante el traslado a un hospital en Corumbá, Brasil. Entre las víctimas había niños de dos, seis, once y trece años. Vidas que dependían exclusivamente del cuidado de los adultos que las acompañaban.
Como si la irresponsabilidad no fuera suficiente, el vehículo no contaba con Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) ni inspección técnica vehicular. Circulaba fuera de toda norma, fuera de todo control y fuera de todo respeto por la ley y por la vida.
En zonas fronterizas, advirtió Tránsito, persiste la falsa creencia de que “nunca pasa nada”. Ese pensamiento negligente fue parte del combustible de esta tragedia. El minibús no pasó por controles policiales y nadie detuvo a tiempo una situación que era un desastre anunciado.
La cadena de omisiones continuó incluso después del choque. La familia del menor conductor se negó a que el cuerpo sea sometido a un examen para determinar la presencia de alcohol. Un gesto que, lejos de aliviar el dolor, profundiza las sospechas y agrava la sensación de impunidad.
Mientras tanto, cuatro sobrevivientes luchan por recuperarse en hospitales de Puerto Quijarro, Puerto Suárez y Corumbá. Presentan fracturas múltiples, traumatismos craneoencefálicos y lesiones graves que los acompañarán toda la vida, si logran sobrevivir.
El drama humano se volvió aún más crudo con testimonios como el de un padre que pasó dos veces junto al vehículo siniestrado sin detenerse, creyendo que estaba estacionado. Horas después supo que su hija estaba entre los muertos. La tragedia fue silenciosa, rápida e implacable.
El Estado llegó después: ambulancias, médicos convocados de urgencia, fiscales, policías y morgues saturadas. También llegó la solidaridad, con donaciones de ataúdes para una familia que no tenía recursos ni siquiera para enterrar a sus muertos.
Pero nada de eso borra la pregunta central: ¿quién permitió que un menor conduzca? ¿Quién decidió subir a niños a un vehículo sin asientos, sin seguro y sin conductor apto? La investigación debe apuntar con claridad a las responsabilidades adultas que precedieron al choque.
Puerto Quijarro no fue víctima de un accidente inevitable, sino de una suma de imprudencias, negligencias y desprecio por la vida. Doce muertos después, la lección es brutal: cuando la irresponsabilidad se normaliza, la tragedia deja de ser una posibilidad y se convierte en destino.
