Un juzgado de Santa Cruz emitió una orden de apremio contra el alcalde Max Jhonny Fernández Saucedo, en el marco de un proceso laboral social por el incumplimiento en el pago de sueldos a exfuncionarios municipales por un monto total que supera los 747 mil bolivianos.
El documento, con fecha 13 de enero, identificado con el Nurej 70604077 y expediente 209/25, fue emitido por la juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social 8º de la capital, Sonia Judith Rivas Rojas, ordena que cualquier efectivo del Comando Departamental de la Policía Boliviana ejecute el mandamiento de apremio e instruye que el alcalde sea conducido a la cárcel de Palmasola hasta que se efectúe el pago de la deuda. En la orden figuran los nombres de al menos seis demandantes.
La versión de la alcaldía sobre el tema
El vocero municipal, Bernardo Montenegro, aseguró que la Alcaldía cumplió un fallo judicial con la reincorporación de los funcionarios despedidos. También explicó que, como institución pública, la alcaldía está obligada a recurrir a todas las instancias judiciales antes de ejecutar un fallo, a fin de evitar responsabilidades administrativas y penales.
Señaló que, si bien no comparten muchas de las decisiones asumidas en la anterior gestión gubernamental —particularmente aquellas relacionadas con el Ministerio de Trabajo y el tratamiento de funcionarios desvinculados por causas constitucionales, como la falta de requisitos—, se actuó con respeto irrestricto a la ley.
“Una vez agotadas todas las instancias y dadas las circunstancias, se procedió a cumplir el fallo, reincorporando a los funcionarios conforme a lo dispuesto en el ámbito laboral”, afirmó.
Asimismo, indicó que se procesó el pago económico establecido en la resolución judicial para la mayoría de los afectados, con excepción de cuatro personas que aún no han sido notificadas. En ese sentido, aclaró que se está a la espera de su notificación para concretar su reincorporación.
Respecto a una posible orden de apremio, Montenegro precisó que esta solo se ejecuta en casos de incumplimiento de una orden judicial, situación que —según dijo— no corresponde en este caso, ya que el fallo fue acatado tras completarse todos los procedimientos legales.
