Luego de la liberación este jueves de la expresidenta Jeanine Añez, el vicepresidente electo Edmand Lara sostuvo que “cuando la justicia es pareja, nadie se queja” y demandó la libertad de los policías que fueron dados de baja en 2019, durante la convulsión social y política en el país.
“Cuando la justicia es pareja, nadie se queja, la justicia debe ser administrada por igual para todos. Como a Jeanine Añez la absolvieron de culpa, así también deberían absolver a los policías y militares que injustamente fueron dados de baja”, expresó Lara, en un video que publicó en TikTok.
Según el vicepresidente electo, hay muchos policías que después del gobierno de Añez fueron dados de baja y les quitaron su trabajo. “Esos policías deberían ser restituidos a la Policía Boliviana, los militares, lo propio”.
“De lo contrario, la justicia estaría parcializándose de un lado. Le pido al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (Romer Saucedo), que aplique la ley para todos, y pido a los tribunales de la Policía, habiéndose demostrado que Añez es inocente, que se aplique el mismo criterio a los policías y militares”, expresó Lara.
El expolicía reclamó que sus camaradas fueron dados de baja con “procesos armados, amañados”, en los que coroneles y los tribunales disciplinarios dieron de baja a los oficiales “bajo consigna del presidente Luis Arce”.
Hasta 2021, el Tribunal Disciplinario de la Policía estableció la baja definitiva de cinco policías y además abrió procesos contra ocho más. En 2022, se informó que ese tribunal sancionó con la baja definitiva a 21 efectivos policiales, quienes fueron identificados por participar en los motines policiales y ultrajes a símbolos patrios durante la crisis de noviembre de 2019.
Esos efectivos fueron destituidos por incurrir en faltas disciplinarias consideradas graves y que están contempladas en la Ley 101 del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana.
Tras anular la condena de 10 años contra la expresidenta, el TSJ dijo en su resolución que la presidencia de la exautoridad, asumida en 2019, no constituyó un acto de usurpación, sino "un acto de necesidad constitucional", debido a que la renuncia de Evo Morales y sus colaboradores generó un vacío de poder.
