Privados de libertad del Centro de Readaptación Productiva Santo Domingo de Cantumarca, en Potosí, iniciaron una huelga de hambre indefinida en protesta contra el Órgano Judicial, el Juzgado de Ejecución Penal y el Tribunal Departamental de Justicia.
Denuncian una presunta "discriminación judicial" y el incumplimiento de instructivos que ordenan la revisión de casos de reos preventivos y sentenciados.
"Nos declaramos en huelga de hambre indefinida (...) por la discriminación judicial por parte del Órgano Judicial, Fiscalía, Juzgado de Ejecución Penal y el Tribunal Departamental de Justicia", señala un comunicado oficial firmado por la población penitenciaria.
Los reos aseguran que no se han cumplido dos instructivos: el N.º 19/2025 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), emitido el 25 de agosto, y el N.º OF.SP-CM 06/2025 del Consejo de la Magistratura, del 9 de julio.
Entre sus principales demandas, los internos exigen el cumplimiento estricto de ambos instructivos, el respeto al artículo 123 de la Constitución Política del Estado (que prohíbe la aplicación retroactiva de la ley) y el no uso retroactivo de la Ley 1443.
Uno de los representantes del penal calificó la situación como "crítica" y señaló directamente a la autoridad judicial responsable.
"Pedimos la inmediata renuncia de la juez de ejecución penal porque lamentablemente hemos considerado que es xenofóbica ante la formación penitenciaria", declaró en una entrevista con Bolivia TV.
Según el vocero, se estarían exigiendo requisitos excesivos, fuera del marco legal, para acceder a beneficios penitenciarios establecidos en la Ley 2298, como los artículos 138 y 174.
"Lo que pedimos es que (la ley) tenga el mayor alcance y sin discriminación judicial. (...) Somos 60 compañeros a quienes no nos dan la libertad condicional que por ley nos corresponde, porque la juez de ejecución penal la aplica de manera restrictiva, algo que es inconstitucional", concluyó el representante.
