La Fiscalía Departamental de Beni imputó al alcalde de Trinidad, Cristhian Cámara, por su presunta participación en el caso conocido como el “falso aluvión”, relacionado con un contrato de más de 23 millones de bolivianos y solicitó su detención preventiva en el penal de Mocoví de la capital beniana.
Según las investigaciones, se habría simulado una emergencia para justificar la contratación directa de la empresa Logitrack Service, lo que podría constituir un caso de corrupción.
“Se tiene suficientes indicios de que ha participado en los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones incompatibles con sus funciones y uso indebido de influencias”, informó este lunes Marcelo Flores, coordinador de fiscales de Beni, en declaraciones a Fama, Poder y Ganas.
El Ministerio Público solicitó la detención preventiva del alcalde en el penal de Mocoví. La audiencia cautelar se realizará en los próximos días, mientras la población espera que se esclarezca este hecho que ha generado preocupación por el manejo de recursos públicos.
El documento, que publica este lunes la red DTV, señala que Cámara, junto a otros implicados, habría gestionado la contratación sin cumplir los procedimientos legales establecidos. La Fiscalía sostiene que existen suficientes indicios para considerar que se manipuló información sobre un supuesto desastre natural que nunca ocurrió, con el objetivo de beneficiar a una empresa específica.
Debido a la gravedad del caso y el riesgo de fuga, el Ministerio Público solicitó la detención preventiva del alcalde en el penal de Mocoví. La audiencia cautelar se realizará en los próximos días, mientras la población espera que se esclarezca este hecho que ha generado preocupación por el manejo de recursos públicos.
El caso se remonta a abril pasado, cuando el concejal Mauricio Barba denunció que el alcalde “se inventó un aluvión” para gastar 23 millones de bolivianos, tras haber firmado un contrato con una empresa de Santa Cruz para que atienda “el desastre”.
Además, aseguro que el contrato se habría realizado de manera ilegal y justificado con un decreto de falsa emergencia, por el deslizamiento de terreno, por un aluvión del cauce del rio Mamoré e Ibare causante de “un daño severo” a las calles de la ciudad de trinidad.
