
En un hecho calificado como "histórico" por activistas y juristas, la justicia boliviana dictó la pena máxima de cinco años de prisión contra Diego P. Q., un mecánico que mató a golpes a un perro en la ciudad de El Alto.
El abogado Diego Espinoza, representante legal en el caso y miembro de la Fundación Rescata, Protege y Cambia (RPC), destacó la relevancia del fallo emitido por el Juzgado Segundo de Sentencia de El Alto, a cargo de la jueza Nadia Soria Galvarro.
"Esta es una sentencia histórica porque se le aplica la pena máxima a un biocida", afirmó el jurista, citado por la agencia ABI.
En Bolivia, el delito de biocidio se encuentra tipificado en el Código Penal y se sanciona a la persona que mate a un animal con ensañamiento o motivos fútiles, con una pena de 2 a 5 años de reclusión. Además, en el el Artículo 350 se establece sanciones para actos de crueldad animal que causen sufrimiento grave o daño a un animal, e incluso agrava la pena si causa la muerte del animal.
El caso, que se remonta a febrero de 2024, culminó tras un proceso judicial de un año y seis meses, marcado por intentos de dilación por parte de la defensa.
El crimen que conmocionó a la población fue protagonizado por el dueño de una tienda de venta de llantas en la avenida 6 de Marzo, quien golpeó al perro con una gata mecánica en tres ocasiones y posteriormente lo ahorcó, causándole una muerte lenta y dolorosa que se prolongó por más de cuatro horas.
"Se ha valido del fierro que se utiliza para levantar un auto, una gata, y lo ha golpeado en tres ocasiones para finalmente ahorcarlo (...). Esta muerte se ha prolongado por más de cuatro horas, hasta que el perrito finalmente ha sido botado en un basurero como si fuese cualquier cosa", relató Espinoza en una entrevista con el canal estatal.
Según la investigación, el perro “chapi” de estatura pequeña, era propiedad del cuñado del agresor y se encontraba descansando bajo el sol cuando fue atacado sin motivo.
La defensa intentó alegar que el animal había atacado a los hijos del imputado, un argumento desmentido por las pruebas en video. "No había una justificación. Han tratado de alegar una emoción violenta que no ha podido ser demostrada en ningún momento", indicó el abogado.
La sentencia aún debe atravesar una fase de recursos antes de ser ejecutada, pero la parte acusadora exigirá su cumplimiento íntegro. "Nosotros vamos a pedir que se cumpla en el penal de San Pedro los cinco años completos porque tampoco se prevé una salida alternativa para quienes cometen este tipo de delitos", precisó el jurista.