La empresa minera Sinchi Wayra pidió garantías a las autoridades ante los violentos avasallamientos a sus áreas de concesión minera, mientras el Ministerio de Minería y Metalurgia ratificó que el Gobierno “es respetuoso del cumplimiento de la ley y garantizó que los derechos adquiridos y otorgados legalmente por el Estado no serán desconocidos, ni vulnerados”.
“La compañía aceptó mantener abierto el diálogo, pero aclaró que lo hará bajo la condición de que se establezcan garantías claras para la seguridad de sus trabajadores, comunidades vecinas y de la propia empresa”, dice la minera en una nota de prensa.
El pedido de garantías por parte de la empresa responde a las declaraciones públicas del Presidente de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Potosí (Fedecomin), Oscar Chavarría, quien amenazó con “sacar a patadas” a la compañía de sus concesiones legales.
“O entablan una conversación con nosotros, o vamos a tener que tomar acciones de hecho, vamos a botar a la empresa a patadas de ahí si no comienzan a hablar con las cooperativas”, advirtió el dirigente.
La compañía señaló que en ese encuentro con autoridades solicitará que “aclaren a qué se refirió Chavarría cuando declaró que existirían compromisos del Ministro de revertir las áreas de trabajo ya concesionadas legalmente a cooperativistas del Cerro Rico de Potosí”.
En tanto, según refiera la nota, el Ministerio de Minería y Metalurgia reiteró que reconoce plenamente la titularidad del derecho minero otorgado a la Sociedad Minero Metalúrgica Reserva Ltda. (Sinchi Wayra), conforme a normativa vigente, en resguardo del movimiento económico y social que se debe generar a través de la explotación de los recursos minerales.
“El Ministerio enfatizó que el Gobierno es respetuoso del cumplimiento de la Ley y garantizó que los derechos adquiridos y otorgados legalmente por el Estado no serán desconocidos, ni vulnerados”, dice el texto.
Sinchi Wayra ha reiterado la urgencia de que se actúe en defensa de la legalidad y de los derechos concesionados, señalando que los avasallamientos ponen en riesgo no solo sus operaciones, sino también la seguridad de trabajadores y comunidades vecinas.
La empresa recalcó que el área amenazada trabaja formalmente y se cumple con el pago de impuestos, se cumplen protocolos de seguridad industrial, respeta las normas ambientales y los derechos laborales de su personal.
Además, ratificó que no se ha considerado ni se considerará ceder o lotear sus derechos mineros, los cuales se ejercen en estricto cumplimiento de la normativa vigente.
