Corea del Sur ha dado un giro decisivo en materia de derechos animales con la aprobación de la prohibición del consumo de carne de perro, una práctica arraigada durante generaciones. Sin embargo, la medida, celebrada por grupos de protección animal, enfrenta serios desafíos logísticos y éticos para rescatar y reubicar a los cerca de medio millón de perros que aún permanecen en granjas.
La decisión, impulsada por la creciente presión social y un cambio cultural, plantea un dilema mayor: ¿qué hacer con los animales que quedan atrapados en un limbo entre la ley, los refugios colapsados y una sociedad que no los quiere como mascotas? “Aunque la prohibición ya fue aprobada, el futuro de estos perros es incierto”, advirtió Lee Sangkyung, director de Humane World for Animals Korea.
Las autoridades aseguran que si los granjeros abandonan a los animales, los gobiernos locales se harán cargo. No obstante, la adopción se ha vuelto complicada. Las razas grandes, preferidas por su rentabilidad en la industria, no encajan en la vida urbana surcoreana, donde predominan los apartamentos pequeños y una cultura que favorece perros pequeños como compañía.
A ello se suma un estigma persistente: muchos de los perros provienen de entornos traumáticos, lo que genera rechazo entre potenciales adoptantes. Además, gran parte son de la raza tosa-inu, considerada peligrosa y cuya tenencia requiere autorización gubernamental.
La ironía es cruel: animales rescatados de ser sacrificados para consumo humano ahora podrían terminar sacrificados por abandono, ante la falta de espacios y recursos para albergarlos. Incluso organizaciones animalistas admiten que no podrán salvar a todos. “Si no hay dónde llevarlos, serán sacrificados. Es desgarrador”, reconoció Cho Hee-kyung, de la Asociación Coreana de Bienestar Animal.
El gobierno anunció inversiones millonarias para ampliar refugios y compensar a los criadores que cierren sus granjas antes de 2027, pero los críticos sostienen que el plan sigue siendo insuficiente. “Nos hemos tomado la molestia de salvarlos de una muerte cruel solo para luego matarlos por falta de opciones”, lamentó Chun Myung-Sun, académica en medicina veterinaria.
Algunas organizaciones han optado por enviar a los perros al extranjero. En 2023, por ejemplo, un grupo logró reubicar 200 animales en Canadá y Estados Unidos. Pero este tipo de soluciones son costosas y limitadas frente a la magnitud del problema.
Para los criadores, la ley representa una amenaza existencial. Muchos temen caer en la pobreza o verse forzados a operar en la clandestinidad. Jóvenes criadores como Joo, que ingresaron al negocio cuando aún era socialmente aceptado, ahora enfrentan una “realidad desoladora”, sin posibilidad de vender ni de cerrar dignamente sus granjas.
La prohibición, aunque moralmente celebrada, ha dejado expuesta una red de consecuencias no resueltas. La transición hacia una sociedad más compasiva con los animales aún no encuentra el equilibrio entre la ética y la realidad, y su éxito dependerá de lo que Corea del Sur decida hacer con los perros que nadie quiere y los criadores que no saben a dónde ir.
