La revelación de una red de narcotráfico integrada por seis suboficiales del Ejército chileno ha causado una conmoción sin precedentes en el país. Los militares, pertenecientes a la II Brigada Acorazada ‘Cazadores’ de Iquique, transportaban cocaína desde la frontera con Bolivia hacia Santiago. El escándalo ha sido catalogado por el Gobierno como “el hecho más grave de los últimos tiempos en materia de seguridad pública”.
Durante el operativo policial, liderado por el
OS7 de Carabineros, se incautaron 192 kilos de cocaína y pasta base, valorados
en más de tres millones de dólares. La droga fue interceptada en distintas
zonas del norte chileno y la Región Metropolitana, en una operación que incluyó
allanamientos en Pozo Almonte, Iquique, Alto Hospicio, Lampa y La Reina.
El ministro de Seguridad Pública, Luis
Cordero, advirtió que se trata de un punto de inflexión: “Cuando una
organización criminal penetra una institución armada jerarquizada como el
Ejército, no hay medias tintas. Es una amenaza directa al Estado”. Para el
funcionario, este caso marca una línea roja y demanda respuestas contundentes.
La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad
Steinert, confirmó que la investigación se activó tras una denuncia interna en
el propio Ejército. Gracias a sus controles institucionales se detectaron
comportamientos irregulares y se comenzó a desmantelar la red, que ya operaba
con una estructura criminal definida: roles divididos entre transportistas,
coordinadores y enlaces.
Desde el Ejército se informó que los
implicados fueron dados de baja de forma inmediata y que no portaban uniforme
al momento de cometer los delitos. La institución también reconoció la gravedad
del caso y comprometió una “colaboración total” con las autoridades judiciales
para garantizar transparencia.
La ministra de Defensa, Adriana Delpino,
expresó su indignación y anunció cambios estructurales en los protocolos
internos. “Esto no puede volver a ocurrir. Seremos implacables. Lo que está en
juego es la credibilidad de nuestras Fuerzas Armadas y su lealtad con la
República”, declaró.
Chile no produce cocaína, pero se ha
convertido en un país de destino y plataforma de redistribución hacia Asia,
Europa y Estados Unidos. En los últimos años, el aumento de incautaciones ha
reflejado la creciente actividad del crimen organizado, que ahora parece haber
alcanzado incluso a las instituciones militares.
La ciudadanía reaccionó con preocupación y
rabia en redes sociales y medios. Analistas coinciden en que este escándalo
puede deteriorar aún más la percepción pública de las Fuerzas Armadas y
aumentar la desconfianza institucional. Varios parlamentarios ya piden una
intervención externa que fiscalice a fondo la vida castrense.
El caso sigue en desarrollo. La audiencia de formalización de cargos se extenderá hasta el jueves 26 de junio, cuando se definan las medidas cautelares contra los acusados. Mientras tanto, el país observa con asombro y expectativa cómo se responde a uno de los mayores desafíos institucionales de los últimos tiempos.
