En una jornada que quedará grabada como un hito en Bolivia, el Tribunal Agroambiental dictó medidas preventivas para salvaguardar al jaguar y su hábitat natural, dando a favor así a un recurso presentado por la diputada nacional María René Álvarez (Creemos).
En una audiencia pública desarrollada en la ciudad de Sucre, y tras cuatro intensas horas de exposición, se ordenó una serie de acciones legales y políticas entre las que se destaca una pausa ecológica inmediata, que incluye la prohibición de quemas y chaqueos en todo el país.
La resolución de 12 puntos, inspirada en principios del Acuerdo de Escazú, constituye un precedente jurídico para la conservación de la biodiversidad y la protección de territorios indígenas.
El punto más resonante de esta histórica medida es la suspensión de permisos de quema por parte de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), en tanto se evalúan impactos y se aplican protocolos de protección, con supervisión directa del Agroambiental.
“Este es un paso firme hacia una defensa integral, no solo de especies protegidas como el jaguar, sino también de los territorios y pueblos que han sido históricamente vulnerados”, declaró Álvarez tras la audiencia.
La legisladora cruceña se ha convertido en una de las voces más comprometidas con la defensa de la Chiquitania, territorio donde el jaguar emblema de la Amazonía lucha por sobrevivir frente a la deforestación, los incendios y la caza ilegal.
El pronunciamiento del Tribunal también ordena al Ministerio de Medio Ambiente y Agua la recategorización urgente del jaguar como especie en riesgo o peligro crítico, así como la implementación de políticas de cero tolerancia al tráfico de fauna silvestre. Se exhortó además a gobiernos departamentales, municipios y autoridades indígenas a coordinar planes de conservación efectivos y sostenibles.
El caso que detonó esta acción fue el biocidio de un jaguar en el Área Natural de Manejo Integral (AMNI) San Matías, en el departamento de Santa Cruz. El recurso legal fue presentado en febrero por Álvarez y el abogado ambientalista Juan Carlos Camacho, quienes calificaron como “grave omisión estatal” la falta de protección de esta especie icónica y de su entorno.
Durante la audiencia, representantes de la sociedad civil, instituciones defensoras del medio ambiente, líderes indígenas, guardaparques y autoridades nacionales se sumaron al clamor por justicia ecológica. En horas previas al fallo, Álvarez denunció un intento de boicot desde el despacho del vicepresidente, David Choquehuanca, que presentó un memorial aduciendo que el Agroambiental no tenía competencia en el tema.
“Choquehuanca pretende anular las facultades del Tribunal Agroambiental para mantener en desprotección al jaguar y otras especies. Es una barbaridad jurídica y moral”, escribió la legisladora en sus redes sociales, antes de conocerse el fallo.
