El debate político es esencialmente una forma de comunicación entre dos o más personas, que busca no solo informar sino convencer y conquistar el voto ciudadano. La comunicación se da al menos en dos sentidos: en primer lugar, entre las candidaturas y el electorado y, en segundo lugar, entre las mismas candidaturas. En ambos casos el objetivo es conquistar el voto: por un lado, dando a conocer las propuestas programáticas y, por otro, diferenciando esas propuestas ante los votantes.
Los procesos electorales son espacios privilegiados para que la población conozca las propuestas programáticas de los partidos políticos y alianzas de cara a los retos que enfrenta el país. La confrontación de ideas constituye una importante fuente de información sobre las diferentes alternativas políticas a fin de que la ciudadanía emita un voto informado. Lo cierto es que no se puede imaginar un proceso electoral sin la creación de estos espacios para un encuentro más directo entre quienes eligen y quienes aspiran a ser elegidos. En el marco de las campañas electorales, el derecho a la información política también se relaciona con la posibilidad de que las diferentes candidaturas puedan difundir libremente sus propuestas, siempre y cuando estas respeten la Constitución y la normativa electoral.
Los debates políticos son actos públicos realizados durante la campaña, en los que participan los candidatos, que estén debidamente inscritos, para ocupar un mismo cargo de elección popular. Los candidatos deben exponer y confrontar entre sí sus propuestas para acercarse a los muchos públicos que conforman la ciudadanía. La realización de debates es una sana práctica democrática que debe ser promovida por el árbitro electoral (léase TSE), por lo que las elecciones nacionales, departamentales y municipales son una oportunidad privilegiada para los candidatos y la ciudadanía.
En la confrontación de ideas se conocerá cuál es el estado real de la crisis generalizada del Estado boliviano, y el legado que dejará el Movimiento al Socialismo. Aunque se vienen soltando cifras y se hacen algunas proyecciones, urge tener información seria y lo más completa posible para saber y tomar las medidas que se tengan que tomar.
Los debates políticos prácticamente desaparecieron en los gobiernos del MAS. En las filas azules confundían propaganda con debate y aunque ambas figuras son imprescindibles en una contienda electoral, tienen metodologías, formas y efectos distintos. La propaganda es una forma de comunicación que tiene como objetivo influir en la actitud de una comunidad respecto a alguna causa o posición, presentando solamente un lado o aspecto de un argumento. El cambio, el debate supone una discusión en la que dos o más personas opinan acerca de uno o varios temas y en la que cada uno expone sus ideas y defiende sus opiniones e intereses. Sin embargo, a los gobiernos del MAS les encantaba hacerse propaganda y aumentaban el presupuesto para adormecer a la población. El ciudadano no quiere que lo atosiguen con propaganda las 24 horas del día, lo que necesita es información completa, oportuna y deputada.
La sana y necesaria confrontación de ideas se encuentra reconocida en la Constitución (art. 106). El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa. Todo esto se puede resumir en la potestad que tienen las personas de: a) Emitir información en general, así como cualquier otra expresión artística, ideas, opiniones; b) A recibir todo tipo de información; c) Y un medio, es decir, una empresa, entendida como una unidad económica encargada de explotar la información, comunicación y la transmisión libre de ideas y opiniones.
El derecho a expresarse y a difundir lo expresado está indisolublemente unido, y cualquier limitación o restricción de estas posibilidades, especialmente tratándose de un proceso electoral, constituye una restricción abusiva a la libertad de expresión. Esta libertad garantiza además la transparencia y la fiscalización del proceso electoral, de modo que los candidatos deben debatir, salvo que se quiera cercenar uno de los derechos básicos del elector como es el derecho al voto informado.
*Jurista y autor de varios libros
