El barrio Navidad es un pequeño pueblo amurallado. Ubicado entre cuarto y quinto anillo de la zona norte, sus viviendas comparten una apariencia similar: paredes blancas o grises, y ventanas protegidas por el hierro. A las tres de la tarde el sol rebota en sus portones, y sombras de postes de luz se dibujan sobre el pavimento. Hace 30 años, un grupo de veinte familias se asentaron sobre estas tierras municipales destinadas a áreas verdes o rebalse para aguas negras. La compraron a unos loteadores. Rellenaron el suelo, y ordenaron sus calles. En la actualidad son más de 350 familias que cuentan más de 25 años peregrinando hacia el municipio con el fin de constituirse legalmente como propietarios. De manera similar nacieron al menos otros 40, de los 107 barrios del distrito cinco de la ciudad. Un distrito que comprende la avenida Alemania; Parque Industrial; avenida Beni; avenida 2 de Agosto; avenida Cristo Redentor; Radial 26 y 27 hasta el aeropuerto Viru Viru, y concentra una población de 230.000 habitantes. Casi el 14% de la población.
Un proceso de dos décadas y media
Fruto de la perseverancia, cinco los barrios de este distrito se encuentran en la última etapa del proceso de titulación, es decir con la minuta del terreno: Barrio Navidad, Sausalito, El Paraíso, barrio 8 de Diciembre, y Las Pampitas. Pero no han logrado el título propietario porque el lugar de su asentamiento no cubre el 2,5% de espacio destinado en áreas verdes. Rosario Góngora, presidenta de la Junta Vecinal del barrio Navidad, explica que en el caso de su zona, requieren al menos 800 metros para lograrlo. "Nos han sugerido que compremos esa cantidad de terreno en alguna zona aledaña, pero los precios nos resultan muy caros". En la zona norte el metro cuadrado se valúa desde $us 50, $us 150 hasta $us 500, dependiendo la cercanía con la avenida Cristo Redentor, la principal vía que conecta la urbe con la región más productiva del departamento, el norte integrado. "Si se fija son al menos 1.000 familias en estos cinco barrios sufren de inseguridad, porque saben que no son dueños de sus propias casas", opina.
Vecinos 'chutos'
En base al censo 2001 del INE, y datos municipales, se estima que en Santa Cruz el 60% de las viviendas son informales; en Cochabamba el 70% de las viviendas no tienen papeles, mientras en La Paz tan solo existen 280 casos, poco menos del 5%. En el caso cruceño, desde 2001 a la fecha no se ha registrado avances significativos, y al contrario, desde el Centro de Estudios para el Desarrollo Urbano y Regional (Cedure), se estima que el porcentaje pueda haberse incrementado producto de la migración intensiva, que promedia el 7% anual.
Alina Balcázar Téllez vive en el barrio Los Sauces hace más de 20 años. Trabaja como empleada doméstica y con sus mínimos ingresos logró adquirir su lote y edificar su vivienda. "Muchas personas me han dicho que soy torpe, que hay formas más fáciles de conseguir dinero. Pero de manera honrada he logrado sacar adelante a mis dos hijos", cuenta.
María Rosario Rojas de Rodríguez, vecina del barrio Navidad, cuenta que llegó hace 36 años. "Tengo la minuta. No he podido inscribirla en Derechos Reales porque falta la aprobación del plano", dice.
Marcela Ponce es vecina desde hace 37 años. "Tengo tres hijos a los que me gustaría heredar mi casa. No queremos nada regalado. Queremos aportar, y pagar nuestros impuestos", argumenta.
Secundino Martínez Murillo vive el mes de su cumpleaños. "Tengo setenta cumplidos y la mitad de mis años los he vivido en Navidad. Le compré a un loteador y construí mi casita de madera", cuenta este ingeniero químico jubilado. Trabajó durante treinta años en empresas aceiteras, ahora solo piensa en ayudar a mejorar su barrio. "Con los recursos que aportemos podrían construirse bibliotecas, plazas o canchas", dice.
Leyes, normas e iniciativas
En 2002 nace con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el Acuerdo de Responsabilidad Compartida, (ARCO), durante el Gobierno de Jorge Quiroga. Pese a la gratuidad que se ofrecía para los trámites, no se lograron avances significativos. El 5 de junio de 2012, se aprueba la "Ley de Regularización del Derecho Propietario sobre Bienes Inmuebles Urbanos destinados a Vivienda". Según la integrante de la Comisión de Autonomías de la Asamblea y diputada por Convergencia Nacional (CN), Maida Paz, con la nueva norma tampoco se lograría una solución definitiva por el plazo "insuficiente" de dos años que otorga. La Ley determina la creación de oficinas de regulación de derecho urbano, dependientes del Viceministerio de Vivienda. Para acceder a este beneficio, vecinos como los del barrio Navidad, deberán apersonarse a estas oficinas, presentar la planimetría del respectivo barrio, esperar el visto bueno y acceder a un juzgado para que a través de un juez, y con la presentación de dos testigos, se determine su legalidad o no.
El municipio, pierde
De acuerdo al diputado de CN, Rubén Darío Rojo, con esto, el municipio se convierte en mero receptor y emisor de trámites. "Con la creación de oficinas que respondan al poder central, se elimina competencias al Municipio y Gobernación. Es otro atentado contra las autonomías", opina. El asambleísta cuenta con 10 años de experiencia en el Plan Regulador, y en base a su experiencia considera que existe corresponsabilidad de autoridades por la "dejadez" del problema. Mientras, el concejal Óscar Vargas, quien califica la normativa como positiva, adelanta que debido a la crisis municipal que corre por estos días, no se ha comenzado con la homologación o "delimitación" del radio urbano estipulada por Ley en el plazo de un año. Al mismo tiempo advierte que será un problema mayor, tomando en cuenta que existen procesos legales por delimitación de tierras con Warnes o Cotoca. Formalmente el departamento desconoce sus límites. "¿Pero qué se ha hecho a lo largo de los últimos 30 años para dar solución a problemas de vecinos, como es el caso del distrito 5? Desde la Oficialía Mayor de Planificación, Edmundo Farah explica que el responsable de la Dirección de Ordenamiento Territorial, quien debe dar una respuesta, está de vacaciones desde hace tres semanas. Mientras desde la Dirección de Ordenamiento Urbano, la responsable explica que no pueden dar declaraciones sin previa autorización.
"Para titular nuestras viviendas hemos tenido que esperar 25 años, mientras otras construcciones, como condominios, lo logran antes".
Rosario Góngora
Presidente Barrio Navidad
"El municipio pierde competencias por dejadez. La nueva norma vulnera su autonomía al crear oficinas dependientes del Gobierno Central.
Rubén Darío Rojo
Diputado CN
Ley de Regularización del Derecho Propietario Urbano destinado a la Vivienda
Art. 1. Tiene por objeto la regularización del derecho propietario de personas naturales sobre bienes inmuebles destinados a vivienda, ubicados dentro el radio o área urbana y se encuentren en posesión pacífica y continua.
Art. 2. La finalidad es la de regularizar legal y técnicamente el derecho propietario de aquellas personas que sean poseedores beneficiarios de bienes inmuebles urbanos destinados a vivienda, tengan o no títulos de propiedad registrados en oficinas de Derechos Reales.
Art. 8. Serán sujetos a regularización los bienes inmuebles urbanos destinados a vivienda que, como resultado del proceso de regularización, demuestren el cumplimiento de los siguientes requisitos: contar con construcciones permanentes con una antigüedad no menor a cinco años, antes de la promulgación de la presente Ley. Posesión de buena fe, pacífica y continua. Que se encuentren dentro de los radios urbanos homologados antes de la promulgación.
Disposiciones adicionales. Todo avasallamiento o asentamiento ilegal, será sancionado conforme a lo previsto en el artículo 351 del Código Penal.
Los beneficiarios quedan exentos de cobros adicionales del Colegio de Profesionales a efectos de regulación.
El Órgano Judicial, a través del Consejo de la Magistratura dispondrá la creación de Juzgados Públicos en materia civil en el número suficiente que garantice en cada distrito la oportuna y preferente tramitación de las causas derivadas de la regulación prevista.
De los Gobiernos Autónomos Municipales. Competencias exclusivas.
a) Organizar y administrar el catastro urbano, conforme a las reglas técnicas y parámetros técnicos establecidos por el nivel central del Estado cuando corresponda. El nivel central del Estado establecerá programas de apoyo técnico para el levantamiento de catastros municipales de forma supletoria y sin perjuicio de la competencia municipal.
Capítulo III . Proceso judicial de regularización individual.
Artículo 6. Los jueces públicos en materia civil, tienen además de las competencias juridisdiccionales otorgadas por Ley, la de conocer y resolver en primera instancia las acciones judiciales individuales del radio o área urbana, definida en el marco del proceso de regularización y conforme procedimiento establecido en el artículo 11 de la presente Ley.
Plan 3.000: Bandera política
En 1983, el entonces alcalde de la ciudad de Santa Cruz, Sergio Antelo, ordena el traslado de 3.000 familias afectadas por una terrible inundación hacia una zona "baldía y lejana" del centro de la ciudad. Así nace la zona que hoy es conocida como ciudadela Andrés Ibáñez o Plan 3.000. Compuesto por 105 barrios, se ha convertido desde entonces en uno de las principales afluentes del fenómeno migratorio. Logrando durante ese tiempo superar los 150.000 habitantes. No obstante, aquellos primeros pobladores si bien fueron instalados por el mismo gobierno municipal, nunca recibieron sus títulos. Como resultado toda su zona central, rotonda, y plaza del Mechero hasta ahora siguen sin títulos.
Cada año, tal como lo señala Pablo Vaca, dirigente vecinal, se ha convertido en la eterna promesa de los candidatos a alcalde. Hasta ahora ninguno lo concretó. "Una de las más sonadas promesas fue en 2010, cuando el vicepresidente, Alvaro García Linera anunció que aprobaría una Ley para regular nuestras tierras. Por entonces acompañaba al candidato del MAS, Roberto Fernández", recuerda.
Crecimiento desordenado
De acuerdo al urbanista Víctor Hugo Limpias, la planificación cruceña entre 1938 y 1958 debe entenderse como un proceso de ordenamiento económico, urbano y regional. No obstante, reconoce la influencia del Comité de Obras Públicas como un factor decisivo en los aportes al urbanismo cruceño. Fue durante este período que se determinó, en 1960, encargar a una empresa ítalo brasilera lo que sería "el Plan Techint", que concebiría a la ciudad en anillos y planificaría su ordenamiento de los próximos 20 años. No obstante, el crecimiento demográfico superó con creces las expectativas iniciales.
Crecimiento demográfico
El crecimiento demográfico de Santa Cruz de la Sierra, está entre los más altos del continente y ocupa el puesto número 14 entre las ciudades con mayor incremento poblacional. En este sentido, explica Carlos Hugo Molina, exprefecto del departamento, la edificación de viviendas, edificios, mercados, supermercados, colegios, universidades, clínicas, hospitales, hoteles, centros de diversión, entre otros continúan en aumento y el rubro de la construcción ha pasado de ser un "boom" a convertirse en una necesidad.
La vinculación de la ciudad con los municipios de La Guardia, Montero y Cotoca, que cuentan con rutas de doble vía hasta las mencionadas poblaciones, significa a la vez, la unificación con el resto del país. Aunque su principal virtud es también su principal defecto. El incremento incesante de la masa inmobiliaria amenaza a cualquier intento de planificación urbana ordenada. Problemática que según el autor del libro "50 años del Plan Techint", Limpias, no permitirán construir una ciudad morfológicamente atractiva, funcionalmente "amigable" hasta que sea al mismo tiempo socialmente equitativa, culturalmente tolerante y "económicamente sostenible".
La tierra como mercancía
La tenencia de tierras urbanas ha transitado desde un modelo en que el Estado era el único ente planificador, durante la época de los '60, '70 y '80, hasta su paso al modelo neoliberal, que como otros bienes, entrega su regulación al libre mercado. El urbanista, Fernando Prado, en su libro "El desarrollo en cuestión: Reflexiones desde América Latina", explica que “en el ámbito urbanístico es quizá donde más claramente se ha formulado y aceptado la noción occidental de desarrollo a nivel latinoamericano”. No obstante, con el ingreso al siglo XXI sostiene que se ha vuelto a dar protagonismo a los ciudadanos. Asegura que en esta etapa se vuelve a “la definición de ciudad como herramienta que permite satisfacer las necesidades humanas”.
Continuará...
Para intentar adecuarse a la nueva normativa, los vecinos asentados en el distrito cinco aún deberán esperar la reglamentación de la norma, que se estima se finalice a fines de julio. La diputada Maida Paz, critica que según se establece luego de ser "saneados", los beneficiados deberán pagar cinco años de impuestos. Lo califica de insostenible. En ese aspecto la diputada y presidente de la Comisión de Autonomías, Betty Tejada, explica que esta disposición no pertenece a la norma, sino que está contemplada en la Ley de Clasificación de Impuestos. "Si los municipios hacen un frente común pueden gestionar una condonación", propone.
La especialista en problemática de viviendas informales, del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Escarley Torrico, en contacto telefónico con DÍA 7, aclara que para dar una solución concreta a la numerosa cantidad de viviendas informales, se requiere "la intervención del Estado". "El problema de fondo es la pobreza. Entregar títulos es una medida fácil y populista. Con la titulación se generará un nuevo incremento del valor del terreno. Las personas con menos recursos serán arrastradas a otros espacios informales, pero baratos, e iniciará un nuevo ciclo", explica.
Fenómeno latinoamericano
Según una investigación publicada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hacia 2015, el crecimiento económico de la región habrá ayudado a solo el 36% de las familias que en la actualidad viven en viviendas precarias. Los programas de vivienda pública probablemente ayudarán a otro 5%. Con estas proyecciones, dentro de tres años cerca del 36% de las familias en las zonas urbanas y rurales seguirán habitando viviendas inadecuadas.
