En la sombría penumbra de las celdas bolivianas, un grito de desesperación y resistencia resuena fuertemente. Los presos políticos en Bolivia, víctimas de un sistema judicial vejatorio y corrupto, claman por justicia y libertad bajo el opresivo régimen de Luis Arce. La situación de estos prisioneros, entre ellos nombres notorios como Marcel Rivas, Luis Fernando Camacho y Jeanine Áñez, pone de manifiesto la triste realidad de un país sumido en la represión y la persecución política.
Marcel Rivas, ex director de Migración, se encuentra en una situación crítica, llevando a cabo una huelga de hambre en la cárcel de San Pedro. Su delicado estado de salud y su determinación de protestar contra el gobierno de Arce y los jueces y fiscales corruptos que prolongan su encarcelamiento son un símbolo de la lucha incansable de los presos políticos en Bolivia. Rivas, al igual que muchos otros, se ve atrapado en un sistema judicial manipulado, donde las sentencias son dictadas por motivos políticos y las voces disidentes son silenciadas brutalmente.
Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, es otro rostro visible de la opresión en Bolivia. Detenido por su lucha contra el fraude y la dictadura. Su arresto ha generado preocupación tanto dentro como fuera del país. Las condiciones inhumanas de su detención y el trato degradante que ha denunciado son una evidencia palpable de los abusos de poder perpetrados por el régimen de Arce.
Jeanine Áñez, expresidenta transitoria y constitucional de Bolivia, también ha sido víctima de la maquinaria represiva del Gobierno. Condenada a 10 años de prisión por cargos fraguados por la dictadura, representa la lucha contra la persecución política en el país. Su caso ilustra la vulnerabilidad de aquellos que se atreven a desafiar la hegemonía dominante.
La comunidad internacional ha levantado la voz contra estas injusticias. Investigaciones de organizaciones de derechos humanos y el reciente informe de Estados Unidos exponen las detenciones arbitrarias, las torturas, la falta de independencia judicial y las restricciones a la libertad de expresión en Bolivia. La comunidad internacional observa con horror cómo los derechos fundamentales son violados impunemente por el “proceso de cambio”.
La libertad y la justicia son derechos inalienables que deben ser garantizados para todos los ciudadanos, sin importar su afiliación política. La presión internacional sobre el Gobierno de Arce es fundamental para asegurar la liberación de los presos políticos y el establecimiento de un sistema judicial transparente e imparcial en Bolivia.
En medio de la oscuridad que envuelve a los presos políticos en Bolivia, su valentía y resistencia son una luz de esperanza. Enfrentando la adversidad con determinación, estos individuos nos recuerdan la importancia de la lucha por la justicia y la libertad. Es nuestra responsabilidad solidarizarnos con su causa y exigir un cambio significativo en Bolivia. El mundo está observando y espera que se haga justicia para aquellos que han sido injustamente privados de su libertad y sus derechos básicos.
Pese a que supuestamente están distanciados y Luis Arce le reprocha a Evo Morales su cobardía por haber huido del país, el actual mandatario mantiene de rehenes a todos los que lucharon contra el fraude en 2019, los tortura, manipula la justicia y persigue a todo aquel que cuestiona el rumbo dictatorial que ha tomado el gobierno.
