En los últimos siete meses, Bolivia ha sido testigo de la implacable y autoritaria mano dura del Estado, dirigida hacia líderes opositores y activistas defensores de los Derechos Humanos. Es alarmante ver cómo la democracia y el respeto a los derechos fundamentales están siendo avasallados por el Movimiento al Socialismo (MAS), que busca aniquilar a sus opositores para consolidar su poder.
Un claro ejemplo de esta situación es el caso del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien fue elegido por voto popular pero actualmente se encuentra tras las rejas en el penal de Chonchocoro. Su familia ha denunciado en múltiples ocasiones la vulneración de sus derechos y las sospechas se intensificaron tras la difusión de una desgarradora foto en la que aparece demacrado y delgado. La salud de Camacho está en grave peligro debido a la falta de atención médica adecuada ya su aislamiento en la cárcel.
Es inaceptable que se restrinja el acceso a la salud de una persona, independientemente de cuestiones políticas. Camacho sufre de enfermedades de base que requieren atención especializada y es imperativo que se le permita recibir la asistencia médica necesaria sin obstáculos. Negarle visitas y atención médica pone en riesgo su vida y expone la crueldad de las prácticas del sistema penitenciario bajo el gobierno del MAS.
Pero las arbitrariedades del MAS no se limitaron allí. La activista por los Derechos Humanos, Amparo Carvajal, lleva 50 días en una vigilia a la intemperie después de ser despojada de la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia por personas afines al discurso gubernamental. Las agresiones y hostigamientos hacia Carvajal son evidencia clara de cómo el MAS busca acallar cualquier voz disidente y silenciar a quienes luchan por la justicia y la democracia en el país.
Esta preocupante situación no es aislada, sino parte de un patrón sistemático de represión y persecución política llevada a cabo por el MAS para eliminar cualquier oposición y consolidar su hegemonía. Vemos cómo los líderes de la oposición enfrentan una serie interminable de juicios y dificultades para ejercer sus derechos, mientras que activistas y defensores de los Derechos Humanos son sometidos a tratos inhumanos y violentos.
Es hora de que la comunidad internacional preste atención a lo que está sucediendo en Bolivia y respalde a aquellos que luchan por la democracia y el respeto a los derechos fundamentales. Los organismos internacionales deben alcanzar su voz en defensa de la vida y la integridad de líderes opositores que son rehenes de la dictadura masista.
El MAS debe cesar su actitud autoritaria y dictatorial, permitir el acceso a la atención médica y garantizar el debido proceso para todos los ciudadanos, sin importar su afiliación política.
