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En la zona chiquitana se detectaron varias comunidades “fantasma”, incluso tres de ellas en el área protegida del valle de Tucabaca, según informes preliminares brindados por una comitiva de asambleístas que integran la comisión especial que se desplazó hasta la zona.
En el municipio de Roboré existen unos cuatro asentamientos autorizados por el gobierno con una extensión de 8.000 hectáreas que están completamente abandonados y en estos lugares solo se encontró enseres y herramientas botados. Así lo reveló la asambleísta departamental Aida Gil, quien integra la comisión especial conformada por el legislativo cruceño para fiscalizar en que estado se encuentran las nuevas comunidades autorizadas mediante resolución del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
“Estamos viendo que también dentro del valle de Tucabaca existen asentamiento irregulares, fuera de norma”, señaló Gil.
El deterioro de la vegetación y la extracción de madera son los perjuicios que causan estos asentamientos, indicó Richard Rivas, director de la Unidad de conservación del patrimonio natural Tucabaca. En esta área protegida se han detectado tres comunidades autorizadas, denunciaron los integrantes de la comisión. En la comunidad Posoyó también se detectó una comunidad “fantasma” ya que no había ninguna de las 22 familias a las que se le dio autorización, denunció Yelly Baldivieso, asambleísta de la provincia Velasco.
El miércoles, en el primer día de trabajo de la comisión, se constató que la llamada comunidad 10 de Marzo, autorizada hace más de cuatro años, solo existe en los papeles. Las 999 hectáreas para 30 familias están deshabitadas y en el lugar solo hallaron un armazón de madera sin paredes, ni techo. El sitio está ubicado a 490 kilómetros de Santa Cruz, en la ruta bioceánica a Santa Cruz.
